Apoyo al Alcalde de Quito se aprueba con tensiones

APOYO. Con 14 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones fue aprobada la resolución a favor de Pabel Muñoz.
APOYO. Con 14 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones fue aprobada la resolución a favor de Pabel Muñoz.

El proponente señala que la resolución solo pretende exhortar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que haya transparencia en el tratamiento de la denuncia electoral en contra de Pabel Muñoz.

En la sesión del Concejo Metropolitano realizada este 26 de diciembre de 2023, la resolución propuesta por el concejal Adrián Ibarra en apoyo al alcalde Pabel Muñoz fue finalmente aprobada con 14 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

La propuesta, conocida desde el día anterior, generó discusiones entre los miembros del concejo municipal.

La resolución respalda al alcalde Pabel Muñoz en medio de la investigación que enfrenta por supuesto proselitismo político en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

A pesar de las opiniones divididas entre los concejales, la mayoría decidió respaldar la medida para evitar la destitución del alcalde de su cargo.

El argumento mayoritario fue que destituir a Muñoz sería perjudicial para la comunidad, comparando la situación con la del exalcalde Jorge Yunda.

No obstante, la audiencia del TCE en la que se iban a presentar pruebas y alegatos y que se iba a realizar el 27 de diciembre a las 10:00, fue suspendida hasta próximo aviso.

Además, los videos en redes sociales del alcalde Pabel Muñoz, en donde aparece junto a Luisa González en campaña y que son la prueba de la investigación, fueron borrados de las cuentas correspondientes.

Concejal tacha la resolución de «incoherente»

En una reciente sesión del Concejo Municipal, el concejal Bernardo Abad expresó su desacuerdo con la resolución que fue aprobada por la mayoría de sus colegas.

Abad, quien ayer votó en contra de la propuesta, argumentó que la misma no es coherente con lo que establece el sistema jurídico nacional y advirtió sobre posibles consecuencias.

Según Abad, la resolución en cuestión exhorta al Tribunal Contencioso Electoral a tomar acciones específicas en relación con una investigación, lo cual, según él, podría considerarse presión indebida sobre una función del Estado.

Aunque reconoció que la resolución enfatiza la necesidad de llevar a cabo la investigación con transparencia, Abad sostuvo que esta exigencia ya está contemplada en la Constitución y cuestionó la pertinencia de incluirlo en la resolución.

Abad expresó sus dudas sobre el posible efecto de la resolución, sugiriendo que podría ser contraproducente y generar más tensiones en lugar de resolver la situación.

Al referirse a su voto en contra, Abad explicó que su posición no implica un respaldo a la denuncia interpuesta contra el Alcalde ni un rechazo a la gestión del Concejo Municipal, sino que se relaciona con el respeto mínimo que el Concejo debe tener en un proceso judicial de esta índole.

Respuesta de Guarderas

Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y autor de la denuncia, compartió su perspectiva sobre la medida, indicando que, para él, representa una forma de presión.

Sin embargo, Guarderas minimizó la gravedad de dicha presión y expresó que no le genera preocupación alguna. Considera que no tiene un impacto significativo en el desarrollo de la investigación que involucra a Pabel Muñoz.

«Sí, para mí esto es una presión, pero no la considero determinante. La verdad, no estoy nada preocupado«, afirmó a LA HORA.

Guarderas también compartió su opinión sobre la resolución, calificándola como algo «un poco tonto por parte de los concejales«. Añadió: «No se espera mucho de ellos, pero no es nada que se deba perseguir».

Autor dice que no existe presión

El concejal Adrián Ibarra, promotor de la resolución, dijo a LA HORA que se busca hacer un exhorto al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que dirima la investigación de manera transparente y competente, respetando principios constitucionales como la presunción de inocencia.

Ibarra destacó que el artículo 3 de la resolución es taxativo en ese sentido y aseguró que no hay intención de ejercer presión sobre el Tribunal.

Ibarra subrayó la importancia de respetar la independencia y función del TCE, asegurando que la resolución tiene como objetivo dar un recordatorio político y evidenciar que el consejo estará vigilante para que el tribunal actúe de manera imparcial y transparente. (EC)

Artículos de la resolución:

Artículo 1.-. Apoyar y respaldar la gestión que cumple y debe cumplir el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Pabel Muñoz López, en apego a la propuesta de trabajo que eligió democráticamente en las urnas el pueblo de Quito.

Artículo 2.– Rechazar cualquier acción que responda a mezquinos intereses y que pretenda generar caos y retraso, impedir el adecuado desarrollo de la Capital de la República y desestabilizar la administración de la Alcaldía y del Concejo del Distrito Metropolitano de Quito.

Artículo 3.– Exhortar al Tribunal Contencioso Electoral para que actúe de manera imparcial y transparente, conforme lo señala la Constitución de la República del Ecuador, y, por ende, respete la presunción de inocencia, vele por el cumplimiento del debido proceso, neutralidad y seguridad jurídica; así como los principios detallados en el artículo 18 del Código de la Democracia.

Artículo 4. – Invitar a los diferentes actores políticos, sociales y medios de comunicación a procesar las diferencias ideológicas y políticas con altura, dentro de un marco de respeto, sin odios, manteniendo la voluntad de trabajar por y para las y los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito.

Artículo 5.– Solidarizarnos con el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Pabel Muñoz López, frente a ataques políticos infundados que busquen distraerlo de las prioridades de su gestión y de su oferta de trabajo, perjudicando el desarrollo de la ciudad y el trabajo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Denuncia busca destitución inmediata del alcalde, una prohibición de participación política por dos años y una multa equivalente a 20 salarios básicos ($9.000)