El gobierno del presidente Daniel Noboa enfrenta ahora la virtual imposibilidad —por motivos logísticos y financieros— de cumplir con lo decidido en la consulta popular sobre el ITT. Se trata de obstáculos irremediables sobre los que se advirtió ampliamente, tanto acerca de los técnicos como de los económicos, durante la campaña. Pese a ello, el actual presidente —entonces candidato— demostró desdén por el futuro del bloque y se sumó a la iniciativa de suspensión, amparándose en un nocivo cálculo que, al confundir ingresos para el Estado con actividad económica generada para el país, demostraba una pobre comprensión de la situación macroeconómica que heredaría.
Ahora le corresponde al propio presidente Noboa sentar un camino claro con respecto al ITT. El vencimiento del plazo se avecina y, de no resolverse en derecho, el régimen se vería en la peligrosísima situación de quedar a merced de la Corte Constitucional, que ha demostrado ser capaz de procederes draconianos. Ante todo, el gobierno debe aclarar si contará o no con esos ingresos para el presupuesto que presentará. Luego, necesita pronunciarse sobre si buscará revertir la decisión de la consulta o no. Si, por último, opta por proceder con el insólito cierre de un bloque petrolero en plena producción, debe presentar cuanto antes una hoja de ruta viable.
En última instancia, el régimen debe aprovechar esta coyuntura para replantear íntegramente el rol y el funcionamiento de Petroecuador. Si esta crisis deriva en un momento de definiciones que le permita al Gobierno dejar de derrochar recursos en una petrolera estatal mal diseñada, para alumbrar una nueva —rentable y coherente— de algo habrá valido.