Como en cada elección, la ciudadanía tendrá que torear una absurda abundancia de candidatos en una papeleta llena de postulantes sin experiencia alguna en gestión pública o, incluso peor, completos desconocidos.
Esto es especialmente dañino en las elecciones seccionales: sin segunda vuelta, en muchos casos se corona a candidatos con apoyo minoritario y concejos municipales inoperantes. Los defensores del sistema echan la culpa a la gente por su ‘falta de compromiso político’, cuando estamos apenas ante una consecuencia —tan lamentable como previsible— de nuestro sistema electoral.
Cuando se establecieron abundantes y rigurosos requisitos para la creación de partidos y movimientos, así como límites al gasto de campaña y espacios publicitarios pagados con dinero de aquellos que pagan impuestos, se esperaba fomentar la participación política y el pluralismo. El efecto fue el contrario: engendró una industria electoral aun más alejada de la gente, desentendida de la ideología y angurrienta de poder.
Las barreras para crear partidos fomentaron la aparición de ‘partidos de alquiler’ y los fondos públicos atrajeron a oportunistas sin interés en gobernar, sino en el jugoso cobro. Además, la incapacidad y desinterés del Estado de controlar el origen del dinero del que lucran miles de ‘políticos’, publicistas, medios y partidos, hacen del sistema un imán para el crimen organizado que busca protección tras el poder.
Si se quiere mejorar la política, habrá que empezar por reformar profundamente un Código de la Democracia que fomenta la mediocridad y premia el rentismo.