El país vive un momento delicado para las libertades ciudadanas. Una excesiva preocupación ciudadana por la seguridad puede ser justificada, pero también puede resultar peligrosa si es que no hay quien defienda ciertas nociones fundamentales. Los momentos en que reina el miedo y se genera un consenso extremo alrededor del combate a la inseguridad pueden dar pie a medidas de corte dictatorial que atenten contra la privacidad, la libertad de expresión, de culto o de reunión, entre otras. Algo similar sucede con los momentos de crisis económica, cuando en nombre de la urgencia se irrespeta la propiedad privada y se apela, entre aplausos, a medidas confiscatorias.
Persiste, además, en Ecuador la paranoia antiliberal sostenida en mentiras. Se sigue denunciando supuestas ‘políticas neoliberales’ pese a que el país lleva medio siglo hundido en una economía distorsionada —repleta de subsidios y regulaciones excesivas—, con un sector público gigantesco, atiborrada de castigos y barreras a la inversión, que se sostenía antes en crueles devaluaciones y ahora en perpetuo endeudamiento.
No queda claro, en este contexto tan delicado, qué partido, movimiento o figura se comprometerá definitivamente con esos valores: libertades individuales, propiedad privada, mercados más libres, menos regulación, eficiencia estatal. Preocupa —dada la nueva Asamblea Nacional, la Constitución actual y la difusa ideología del Ejecutivo—la posibilidad de que se concrete un arrollador consenso estatista, confiscatorio y conservador. Ojalá que surjan nuevas voces sensatas que defiendan al amplio y diverso —en todo sentido— sector privado del país.