Los efectos de la negligencia en la educación tardan en aparecer, pero una vez que se vuelven notorios se requiere aún más tiempo para revertirlos. La pandemia dejó en el país la nociva creencia de que las aulas son prescindibles y de que la llamada ‘virtualidad’ es un reemplazo efectivo. Con indignante facilidad y con preocupante frecuencia, las autoridades suspenden la asistencia a clases. Cualquier excusa es válida: el clima, la seguridad y ahora incluso los comicios. El país vuelve a los peores años del siglo pasado, cuando los interminables paros y el caos intermitente conllevaban pausas frecuentes en la formación de los niños. Ya empieza a notarse en la deserción escolar el impacto que esta visión implícita de la educación como algo prescindible y secundario tiene en las nuevas generaciones; superarla será durísimo.
Mientras, la evasión de responsabilidades y una actitud que persiste en preservar la integridad burocrática antes que el bienestar de los estudiantes se han vuelto notorias. Nadie se hace responsable de las precipitadas suspensiones de clases e, incluso, las propias contradicciones con respecto a cuestiones fundamentales de enseñanza resultan inocultables. La burocracia educativa está siempre permanentemente protegida por el discurso imperante y por la normativa, incluso constitucional, que la favorece. El magisterio tiene una capacidad de movilización digna de ser tomada en cuenta y se han visto recientemente favorecidos por medidas desproporcionadas a costa de todo el país. Sin embargo, ¿quién piensa en el bienestar del estudiante?