El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) amplifica lo que decía prevenir: la pugna entre poderes y la ingobernabilidad.
Gracias al Cpccs, el poder Legislativo y el Judicial están entregados a un tira y afloja en el que no se vislumbra ganador, pero queda claro que la gran perdedora es la legitimidad misma del sistema político actual.
En una esquina se ubica una mayoría legislativa inexplicable —unida por la nostalgia de los caudillos y el afán de aplastar al Gobierno—; en la otra, un desprestigiado aparato de Justicia, armado de acciones de protección y otros recursos legales que los políticos manosean a gusto; en medio, un Cpccs cuyos vocales alternan para conspirar unos contra otros y un Ejecutivo que intenta gobernar con un margen de maniobra cada vez más estrecho.
Este viacrucis inaugura un nuevo capítulo cada semana y entre sus víctimas colaterales —todo es posible— pueden llegar a asomar el Consejo de la Judicatura, las autoridades de control cuya designación se avecina y la propia Función Electoral. De ser así, habrá un nuevo golpe de ingobernabilidad y parálisis institucional.
El Cpccs fue diseñado por los mentalizadores extranjeros del correísmo para cooptar todos los poderes y organismos de control; sirvió bien a sus amos en un inicio y hoy no pasa de ser un burdo reflejo de la política nacional. La solución está a la vista en la próxima consulta popular: el Ecuador no merece seguir a merced de un organismo tan sucio y desgastado.