Provincia de Los Ríos es visitada por vicepresidente del CNE

Personaje. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), brinda rueda de prensa a los medios de comunicación locales.

Quevedo • El 30 de agosto del 2022, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), visitó las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral de Los Ríos, para mantener reuniones de trabajo con las autoridades y funcionarios a fin de coordinar acciones institucionales en territorio fluminense.  

Durante su agente el vicepresidente mantuvo una rueda de prensa con los medios de comunicación locales, donde mencionó, que en los comicios del cinco de febrero del 2023, se realizará el escaneo de las actas a través del método de Webster el mismo que permitirá una distribución más equitativa, fundamental en las próximas elecciones.

Posteriormente la autoridad realizó un recorrido en la delegación, a fin de constatar la organización técnica y logística para las elecciones seccionales y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023.  (LR)

Hernán Ulloa: una medida cautelar no puede ir en contra de decisión judicial

Un juez de la provincia del Guayas  dio paso a las medidas cautelares solicitadas por la defensa  técnica de Raúl  González.

La polémica por la designación del Superintendente de Bancos titular,  coloca en una encrucijada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). 

Hernán Ulloa, titular de este organismo afirmó, hoy 8 de agosto de 2022,  que la entidad a su cargo  acatará las resoluciones de las autoridades judiciales competentes sobre la designación de la primera autoridad de la Superintendencia.

Ulloa recordó que ya existe una sentencia constitucional que anula la designación de Raúl González, como Superintendente  que ha sido apelada en la instancia superior,  por lo que la  resolución de última instancia sobre el tema le corresponderá  a un tribunal que se  deberá conformar para conocer la apelación.

Así, Ulloa refutó la  medida cautelar que le otorgó en las últimas horas un juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón San Jacinto de Yaguachi (Guayas)  quien dio paso a las medidas cautelares solicitadas por la defensa de González. En su fallo, el ente judicial también ordenó que, de manera inmediata,  la  Asamblea “posesione al nuevo superintendente de Bancos, Raúl González”, y que el Cpccs se abstenga de conocer una nueva terna con los postulantes para designación de la autoridad de  la Superintendencia.

Sin embargo, para el presidente del Cpccs,  una medida cautelar no puede ir en contra de una decisión judicial. «Este es un candado que existe en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para evitar el abuso del derecho. Los jueces están prohibidos de dictar medidas cautelares en contra de decisiones judiciales” aseveró.

Se iniciará un nuevo proceso de designación 

En ese sentido, manifestó que lo que corresponde es acatar la disposición judicial e  iniciar un nuevo proceso de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos mientras se resuelve la apelación en segunda instancia.

Aclaró asimismo que en el marco del respeto a la independencia de funciones, el Cpccs acatará el criterio jurídico (de la jueza Larissa Ibarra),  y la Asamblea tiene la libertad de «tomar la decisión que considere pertinente»

El 1 de agosto de 2022, la jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial  de Samborondón, aceptó una acción de protección y declaró  nulo el proceso de designación de González, y  dispuso que el Cpccs debe solicitar el envío de una nueva terna. Para continuar con el trámite,  Guillermo Lasso, presidente de la República, envió -a pedido de Hernán Ulloa,  una nueva terna para el nombramiento.

La  elección de González  estuvo rodeada de polémica.  Fueron los consejeros David Rosero, Juan Javier Dávalos, Francisco Bravo y Sofía Almeida  quienes dieron sus votos para  su designación.

La posesión de González estaba prevista para el 29 de julio de 2022  en el pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ante el pedido de la medida cautelar el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, suspendió la sesión.  (SC)

Iñigo Salvador revela que continuará como Procurador General del Estado hasta ser legalmente reemplazado

Íñigo Salvador Crespo, es Procurador desde julio de 2018. Sus funciones terminan este 31 de julio de 2022.

A menos de dos semanas para que concluya el periodo para el que fue designado, Íñigo Salvador, Procurador General de Estado (PGE), reveló hoy, 18 de julio de 2022, que permanecerá en el cargo hasta que sea reemplazado legalmente.

En una entrevista en Radio Democracia, la autoridad recordó que la Ley Orgánica de Servicio Púbico (LOSEP),  señala que un funcionario cuyo periodo ha concluido continua en ejercicio de funciones prorrogadas hasta el momento en que es legalmente reemplazado.

“De modo que yo haré exactamente eso, a la espera de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) inicie el proceso, o por lo menos complete el proceso porque entiendo que ya no inició”, adelantó.

El organismo  ya convocó a las veedurías para la fase de impugnaciones, pero el proceso también implica que el Cpccs solicite a Guillermo Lasso, presidente de la República, una terna de candidatos, y luego, los inscritos sean sometidos a un proceso de verificación y cumplimiento de requisitos.

“Yo, por mi parte, me contento con cumplir con lo que la ley establece en cuanto a permanecer en ejercicio de mis funciones hasta ser legalmente reemplazado; no sabemos cuanto pueda demorar eso, va a depender concretamente de la prisa que le de el Consejo de Participación”, señaló el Procurador. (SC)

La Superintendencia de Bancos tiene una nueva autoridad subrogante

Rosa Matilde Guerrero reemplazó a Ruth Arregui, quien fue destituida por la nueva mayoría en la Asamblea Nacional el 22 de febrero de 2022.

Rosa Matilde Guerrero, quien asumió el cargo de Superintendenta de Bancos subrogante el 23 de febrero de 2022, renunció a sus funciones de manera irrevocable luego de ser descalificada del concurso  en el que participaba  para ser elegida autoridad permanente. Ella fue reemplazada por Antonieta Cabezas Enríquez.

A través de un oficio dirigido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en la que  Guerrero presentó su dimisión, resaltó que durante la actual administración  se enfrentaron a una situación sin precedentes generada por la pandemia  del Covid- 19

Guerrero era la primera de la terna propuesta por Guillermo Lasso, presidente de la República, y fue descalificada dentro del proceso de selección después de que el Consejo Ciudadano aceptó una impugnación planteada a su candidatura.

Ella habría sido descalificada por no poseer un titulo profesional de tercer nivel en economía, finanzas,  administración  o áreas relacionadas,  como uno de los requisitos solicitados para continuar en el concurso.  (SC)

 

 

Esteban Sarmiento, funcionario del CPCCS, sigue libre pese a orden de captura

CORRUPCIÓN. $66 mil desaparecieron de las cuentas de la Asociación de Servidores de la Prefectura, cuando Sarmiento era dirigente.

Jarkie Esteban Sarmiento, actual funcionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), continúa en libertad y dentro de la institución, pese a existir una orden de captura desde hace algunos meses por parte del Juzgado de Garantías Penitenciarias. Desde abril el personal de la Policía Nacional fue notificado para que proceda con la inmediata captura.

Proceso

Sarmiento tienen orden de captura, ya que fue acusado por los integrantes de la Asociación de Servidores de la Prefectura de Loja por el delito de ‘Abuso de confianza’, debido a que cuando fue dirigente de dicho gremio, desaparecieron de la cuenta bancaria alrededor de $66 mil dólares, recursos que les pertenecían a los asociados. Actualmente, estaría laborando mediante teletrabajo, ya que las oficinas del Cpccs se encuentran con las puertas cerradas en Loja.

Soraya Tandazo, presidenta de la Asociación, manifestó que el juicio está ganado, el ciudadano fue sentenciado por el Tribunal de Garantías Penales de Loja, el cual dispuso que debe devolver los $66.630,68 y cumplir 18 meses de cárcel en el Centro de Rehabilitación Social de Loja. Pese a que han pasado cinco meses, la justicia no ha podido dar con su paradero y proceder con la captura.

Gestiones

Según la presidenta Tandazo, ha hecho todas las gestiones para que este caso no quede en la impunidad, pero las autoridades de justicia no cumplen con su rol. Incluso dijo que envió algunos comunicados al presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, para que conozca del caso y pueda rectificar algunas decisiones, como la otorgación de permisos y vacaciones a Sarmiento, cuando él ha requerido, y que luego de eso no ha regresado a la institución a trabajar de forma presencial, por lo tanto, no se lo puede capturar, contó Soraya Tandazo.

 

EL DATO

Hasta la fecha se desconoce de su paradero. El trabajo, a decir de Tandazo, ya no es de la Asociación, sino de la Policía Nacional, de dar con su paradero.

TOME NOTA

No descarta ir a la Asamblea Nacional a realizar la queja para que el Cpccs pueda intervenir, porque es funcionario de la institución.

Judicatura anuncia investigaciones a presidentes de Cortes provinciales

La crisis de Justicia en el Ecuador ahora enfrenta a los principales jueces provinciales y el Consejo de la Judicatura.

La crisis desatada en la función Judicial a raíz del retiro de la terna del Cpccs podría tocar fondo con la nueva decisión del Consejo de la Judicatura.

El Consejo de la Judicatura (CJ) anunció investigaciones por presuntas infracciones en el ámbito disciplinario.

En el  memorando CJ-DG-2022-1929-MC, de tres páginas, fechado al 21 de mayo de 2022, se argumenta que los titulares de las Cortes dieron declaraciones a los medios de comunicación durante el horario laboral y en el que “presuntamente” asistían a un taller para la formación de formadores en materia de integridad judicial y lucha contra la corrupción.

En el escrito, la Judicatura añade que esto evidencia el presunto cometimiento de una o varias infracciones disciplinarias, al momento en que los servidores judiciales han realizado actuaciones ajenas a las funciones encomendadas a sus cargos.

Y dispone a las direcciones a cargo efectuar «de forma inmediata» las investigaciones respectivas con el objeto de determinar si estos servidores se encontraban gozando de licencia para asistir a actividades diferentes a aquellas propias de sus cargos.

La Judicatura advierte que en el caso de llegar a determinar la existencia de presuntas infracciones disciplinarias, se disponga que de manera inmediata el inicio a las acciones legales pertinentes.

Declaración de presidentes provinciales

El viernes 20 de mayo, los presidentes de las Cortes provinciales, en rueda de prensa, declararon que no reconocerán (como presidente del CJ) a una persona que no sea la que provenga de una terna de la Corte Nacional de Justicia.

Este pronunciamiento de los presidentes de las Cortes se daba pocas horas después de que el CJ anunciaba oficialmente la suspensión de su cargo por 90 días a Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, como medida preventiva por supuesta infracción gravísima de manifiesta negligencia señalada en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

Fuentes de la Corte Nacional identificaron  una presunta alianza que existiría entre Fausto Murillo y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Hernán Ulloa, lo que habría derivado en la suspensión a Saquicela y esta nueva ofensiva a los jueces provinciales.

Saquicela retiró la terna del Cpccs

Esta crisis desatada en la función Judicial se dio a raíz de la decisión de Iván Saquicela, quien el 17  de mayo de 2022, acompañado de los jueces y personal administrativo de la Corte Nacional, anunciaba su decisión de retirar del Cpccs la terna para la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, para evitar -decía- que se consume la arbitrariedad  de “archivar la terna” y con ello una nueva forma de  meter las manos en la justicia. (SC)

¿Quién responde por la Judicatura?

Las principales autoridades del país están llegando a una situación —tan cómoda como peligrosa— en la que todos pueden lavarse las manos aunque la Justicia no salga del atolladero. El presidente Guillermo Lasso, amparándose en el respeto a la independencia de poderes, se limitó a instar al presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, a remediar los manifiestos problemas que se observan en la Justicia del país. Este último, a su vez,  destacó que esa tarea no es competencia suya, sino del Consejo de la Judicatura. De paso, retiró la terna que había presentado —para la elección de presidente titular del Consejo de la Judicatura— ante el Consejo de Participación Ciudana y Control Social, y destacó así la displicencia con la que esta institución estaba conduciendo el nombramiento.

Los miembros del CPCCS, a su vez, enarbolando como pretextos los abundantes procesos que tienen pendientes y la presión política que enfrentan de un tiempo acá, pueden traspasar la responsabilidad al Legislativo, cuya parálisis se ha visto prolongada por la ofensiva que conduce la nueva mayoría. Si es que la situación del Consejo de la Judicatura,—y por ende las mejoras en la Justicia— tendrá que esperar a que se desate el nudo gordiano de la Asamblea antes de encontrar un desenlace, la situación es desesperanzadora.

Mientras, la atención de la ciudadanía y la presión política sobre la Justicia aumentan. El Consejo de la Judicatura continúa funcionando con un conformación irregular y aún retumba el eco de cuando el presidente propuso su desaparición. Sería grave que se esté buscando, deliberadamente, forzar la situación hasta el extremo, solo para precipitar otra “metida de mano” en la Justicia.

FRASES DEL DÍA

«El exceso de información no acaba con la ignorancia, sino con el sentido común.

Gertrude Stein (1874-1946), escritora

«Cuando una estafa es demasiado grande, no queda más que enmascararla con un nombre decente.

Adelardo López de Ayala (1828-1879), dramaturgo español

Lucha por manejar la Contraloría

Hace cinco años que la Contraloría no tiene una autoridad oficial luego del escándalo de corrupción de Carlos Pólit.

La Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) compiten para llegar a la máxima Institución de control de las finanzas públicas.

 La Contraloría General del Estado es la presea que actualmente se disputan la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Por un lado, el Consejo está trabajando sin descanso por designar al nuevo Contralor mientras la nueva mayoría de oposición quiere dar efecto al juicio político que podría destituir a cuatro de los siete miembros de ese mismo Consejo.

La peleada institución controla el manejo del dinero público e investiga el mal uso de estos recursos por parte de todo funcionario. Por glosas como las que ha emitido la Contraloría servidores públicos como Jorge Glas y Rafael Correa han sido acusados de corrupción.

 Los avances del Cpccs

Esta carrera por nombrar al nuevo Contralor la puso en evidencia el asambleísta Salvador Quishpe durante la sesión del Pleno 772, en la que 81 asambleístas armaron la comisión evaluadora que decidirá el destino de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe LLori.

Quishpe insistió en que el interés de la nueva mayoría de oposición, encabezada por la alianza PSC y correísmo, es “destituir a los vocales del Consejo de Participación, para volver a tomarse las instituciones”.

El 27 de abril de 2022, mientras la bancada oficialista daba ruedas de prensa, acusando de ilegal la conformación de la comisión evaluadora, a 1,5 kilómetros de distancia, en el edificio del Cpccs, el equipo técnico encargado del proceso de selección del nuevo Contralor, aprobaba el informe de revisión de expedientes de los postulantes a la comisión ciudadana que revisará las carpetas de los candidatos para esa función.

Nelson Silva, coordinador de este grupo técnico reconoció que el último mes trabajaron rápido y lograron 10 reuniones técnicas. Esta ‘eficiencia’ contrasta con lo ocurrido en tres años de funcionamiento del organismo de control, que no pudo elegir a un nuevo Contralor oficial. Ahora, en menos de dos meses, el proceso está avanzando a una velocidad impresionante.

La vicepresidenta del Cpccs, María Fernanda Rivadeneira, confirmó, a LA HORA que en cinco meses máximo el Ecuador tendrá un nuevo Contralor. “Si es que no nos destituyen antes”, aclaró.

Cinco meses es el tiempo de esta carrera ‘a muerte’ por ver qué institución llega primero a la Contraloría, que por el momento la dirige el subrogante del subrogante y cuyos últimos dos Contralores están envueltos en casos de corrupción.

Un mes antes del plazo para elegir Contralor, Sofía Almeida y Hernán Ulloa se pelearon por la Presidencia del Cpccs. Almeida fue destituida.
Un mes antes del plazo para elegir Contralor, Sofía Almeida y Hernán Ulloa se pelearon por la Presidencia del Cpccs. Almeida fue destituida.

Las movidas del correísmo

En la Asamblea Nacional existen dos solicitudes de juicios políticos a los Consejeros: La primera contra María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán. El 9 de febrero de 2022 ellos destituyeron a Sofía Almeida de la presidencia del Cpccs, acusándola de bloquear el acceso de información importante, suspender sesiones y no avanzar en los procesos de designación de funciones de autoridades, como por ejemplo el de la Contraloría.

También cuestionaron a la expresidenta por la cercanía con el PSC al ser su tío, Luis Almeida, miembro de ese partido político.

El segundo juicio político ingresado fue contra los siete miembros del Consejo de Participación.

El 17 de febrero de 2022 hubo una pugna en el CAL por el orden de los juicios políticos ya que habían ingresado varios a la vez: contra el Contralor subrogante, Carlos Riofrio, contra el Procurador y contra los cuatro consejeros del Cpccs solicitados por UNES. Además de otros juicios contra miembros del Consejo Nacional Electoral y contra los siete miembros del Consejo de Participación.

Virgilio Saquicela (independiente), Ronny Aleaga (UNES) y Darwin Pereira ( del ala rebelde de Pachakutik) insistieron en que primero sea calificado el juicio político a los cuatro Consejeros, pero Llori no dio paso y se respetó el orden de ingreso de las causas.

En ese momento, el asambleísta Fernando Villavicencio acusó a UNES, PSC y los rebeldes de Pachakutik de tramar una “trilogía desestabilizadora” para remover las autoridades de control “orquestada por (el expresidente) Rafael Correa”.

El juicio al Contralor fue archivado. Luego tocaba el turno del juicio contra el Procurador General del Estado. UNES promovió y luego pidió retirar este juicio y “agilizar” el trámite de los procesos de denuncia contra el Cpccs. No lo logró.

Nueva arremetida

Luego de las movidas correístas, en la Asamblea Nacional se dejó de hablar de juicios políticos y comenzó la arremetida contra Guadalupe Llori.

Rafael Lucero, jefe de bancada de Pachakutik, dijo que no se oponía a la evaluación de su coidearia, pero manifestó que se debió seguir el debido proceso. “Por andar apurados” están haciendo todo mal y de manera ilegal, dijo refiriéndose a los asambleístas que votaron por la conformación de la comisión evaluadora.

Para Gabriela Alvear, abogada, directora de Democracia, Género y co-fundadora de la organización ciudadana Diálogo Diverso, lo que sucede en la Asamblea sugiere que hay “poderes mafiosos y partidistas” que quieren tomarse el poder Legislativo para luego ir por el Cpccs y dividirse las instituciones que se regulan desde ese Consejo.

El 28 de abril se inició la primera sesión de la comisión multipartidista en la que se escogió al presidente y vicepresidente para prender el cronómetro que les da 35 días para enviar el informe al Pleno sobre la destitución de Llori.

En esta primera reunión, los cinco asambleístas trabajaron sin que una amenaza de bomba los intimidara. El PSC ganó la presidencia y Unes la vicepresidencia.

Para el abogado y analista político Pedro Donoso, hay tres posibles escenarios: que destituyan a Llori, que destituyan a todo el CAL o que destituyan al CAL y a las presidencias de las demás comisiones.

Si esto se da, la nueva mayoría opositora podría tomar la Presidencia de la Asamblea y, por número de representación, también tendría importante presencia en el CAL que agilizaría el juicio político contra los cuatro miembros del Cpccs.

De acuerdo con el artículo 81 de la la Ley Orgánica de la Función Legislativa, desde la calificación del Juicio Político hasta su resolución, el trámite podría durar hasta alrededor de tres meses. 

Si a esto se le suman los 35 días (plazo máximo) que tardarían en destituir a Llori, significa que, la estrategia de la que algunos analistas y asambleístas acusan al correísmo, de querer tomarse el Cpccs, podría tomar casi cinco meses, el tiempo en el que esta institución espera designar al nuevo Contralor General del Estado. (GVL)

El orden de calificación de los juicios políticos intensificó las diferencias en el CAL.
El orden de calificación de los juicios políticos intensificó las diferencias en el CAL.

La carrera a la par de la comisión de la verdad

Rafael Lucero, jefe de la bancada de Pachakutik, aceptó que se reunió en México con el expresidente Rafael Correa, quien le dijo que su intención es lograr una “alianza progresista” en la Asamblea Nacional, que apoye una comisión de la verdad, para que analice los juicios y las sentencias que tienen varios miembros del correísmo por corrupción.

De acuerdo con el constitucionalista Ismael Quintana, los informes que salgan de esta posible comisión no serían “jurídicamente vinculantes”, aunque podría aumentar el discurso de llamar a los correístas sentenciados como “perseguidos”.

Las pruebas contundentes con las que se les ha acusado y sentenciado reposan en la Contraloría General del Estado, donde existen documentos que, de acuerdo con Fiscalía, han probado que hubo coimas y cobros indebidos que llevaron a declararlos culpables a personajes políticos como Rafael Correa y Jorge Glas.

Esteban Sarmiento, funcionario del Cpccs, con orden de captura

CÁRCEL. Esteban Sarmiento con orden de captura por parte del Juez en el caso de ‘Abuso de confianza’.

El Tribunal de Garantías Penales de Loja dispuso la sentencia de 18 meses de cárcel y la devolución de los $66.630,68 a Esteban Sarmiento.

El ciudadano Jarkie Esteban Sarmiento Jaramillo, actual funcionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), está con orden de captura, acusado por parte de los integrantes de la Asociación de Servidores de la Prefectura de Loja del delito de ‘Abuso de confianza’, cuando fue dirigente de dicho gremio. Por ahora, el funcionario sigue en libertad.

Proceso

José Rodríguez, abogado defensor de la Asociación de Servidores de la Prefectura, expresó que el ciudadano sentenciado sigue sin cumplir con la ley, anteriormente el Juez ya le concedió tres días para que se acerque a la Unidad Judicial y pueda responder por los daños, pero ante ese incumplimiento, ahora existe ya una boleta de encarcelación y una orden de captura, por lo que está en manos de la Policía Judicial, la cual deberá actuar.

Indicó que hace dos días, el Juez dispuso oficialmente que la Policía dé con el paradero de este ciudadano sentenciado y proceda con la captura y luego el traslado al Centro de Rehabilitación Social de Loja, para que cumpla con la pena de 18 meses de cárcel, por el delito de ‘Abuso de confianza’, debido a que no ha cumplido con el pedido de reparar económicamente a las víctimas, es decir, pagar el perjuicio causado hace más de cinco años atrás.

Paradero

Como abogado, dijo que está atento para ver el cumplimiento de la decisión del Juez, y espera que las autoridades policiales hagan su trabajo como se debe. Hasta la tarde de ayer, el ciudadano continuaba sin ser capturado, “sabemos que labora en el Cpccs, ojalá en los próximos días sea detenido, porque la ley debe cumplirse para todos. La pena es de 18 meses de cárcel, más la reparación integral del dinero que debe ser devuelto”, recalcó.

Resolución

El Tribunal de Garantías Penales de Loja dispuso la sentencia de 18 meses de cárcel y la devolución de los $66.630,68, recursos que desaparecieron de la Asociación de Servidores de la Prefectura, cuando él era directivo principal del gremio hace cinco años atrás.