Iván Paredes
En momentos que las relaciones sociales dentro del país se encuentran muy fragmentadas, tanto por la delincuencia, como por el sistema político, que han hecho de la cotidianidad ecuatoriana un caos, al punto que la división social ha marcado el distanciamiento de sus integrantes, replanteando su vínculo por intereses y pensamientos que hacen de la unidad nacional un nuevo trazado, a sabiendas, que pudimos superar el clasismo de anteriores décadas que sumergieron el desarrollo de la nación con luchas fuertes pero necesarias con el fin de conquistar la igualdad dentro de la diversidad. Y, en este crítico instante se genera una disputa entre los mismos actores de siempre, los pueblos y nacionalidades indígenas, contra el Estado y su fuerza coercitiva, causada por la explotación minera en manos de empresas transnacionales.
El pasado 19 de marzo en las poblaciones de Palo Quemado y las Pampas, pertenecientes a la provincia de Cotopaxi, inicio la confrontación entre Policías y personas indígenas, por el proyecto minero denominado La Plata, para extraer oro, plata, cobre y zinc, cuya concesión estaría a cargo de la minera canadiense Ático Mining Corp (ATY). El Ministerio del Ambiente debe extender la licencia ambiental para su ejecución; para ello, ha buscado el típico artificio de la ‘socialización’ como mecanismo de aprobación y aceptación, desconociendo e ignorando claros principios constitucionales y de derechos colectivos como es la Consulta Previa, libre e informada, exigida en el Art. 57, numeral 7 de nuestra Carta Magna, así como, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
A la Naturaleza hay que respetarla, todo debe ser hecho dentro del marco legal e internacional, priorizando el cuidado, protección y afectación que puede surgir, misma que es necesaria para prevalecer la vida en todo su contexto; para ello, primeramente, esta el diálogo y respeto, dentro de la ley y el orden.