Es parte de la política criminal narco-comunista: Desarmar a la población civil. Anular a la fuerza pública. Infiltrar con delincuentes narco-comunistas, la fuerza pública, a través de «gratuidad» y «democratización» del ingreso.
Permitir que la delincuencia tome espacios públicos y políticos. Someter a la población a leyes diseñadas para favorecer el delito y proteger a los criminales. Generar impunidad. Con ello implantan miedo. Solo el narco-Estado tiene el «monopolio de la fuerza», mientras la sociedad permanece en indefensión.
Por eso hay que exigir se eliminen las funciones e instituciones creadas en Montecristi, por el narco-terrorismo; nos devuelvan el derecho a tener y portar armas. Hay que oponerse a los controles de armas indiscriminados, porque estúpidamente decomisan machetes, cuchillos, navajas de trabajo, escopetas artesanales a campesinos, ganaderos, comerciantes. El control de armas debe ser mediante operativos, previo trabajo de inteligencia, en sectores críticos, para hostigar a terroristas, guerrilleros, delincuentes, extranjeros, individuos con antecedentes penales.
Hacerlo de modo general, es altamente perjudicial, porque afecta a las personas que deberían proteger, en lugar de molestar. El mando operativo y táctico debe actuar con criterio, no es cuestión de obedecer porque «no son deliberantes», deben actuar con sentido común, no pueden decomisar armas artesanales que están en poder de trabajadores, campesinos, padres de familia, les perjudican, benefician al narco-terrorismo, y se hacen daño como fuerza pública, porque si la población civil estuviese armada, tendrían aliados en la seguridad interna, menos áreas que resguardar, porque se autodefiende, lo cual baja los índices de inseguridad, evita que se los culpe de incapacidad.
Ya es hora de que el mando estratégico exija al presidente, que disponga tenencia y porte de armas a la población civil que cumpla requisitos, de acuerdo a decretos ejecutivos anteriores a la instauración del narco-Estado 2008.