La prestación de alimentos es una forma de garantizar el cumplimiento del derecho a una vida digna y al desarrollo integral de los menores por una parte, y por otra, de los mayores hasta 21 años que se encuentren estudiando, así como de los discapacitados durante toda la vida.
Quienes no cumplen con estas obligaciones son reducidos a prisión hasta que cubran la deuda alimenticia. Es una medida bastante dura para aquellos padres irresponsables que se niegan a dar de comer a sus hijos, a curarlos, vestirlos y educarlos, pero hasta cierto punto es necesario; pues, si ponemos en una balanza a los padres y a los hijos, notaremos que el interés superior de los más vulnerables pesa más.
El inconveniente de las madres de familia para acceder a una pensión para sus hijos es que tienen que someterse a una engorrosa tramitación que se inicia con la presentación de una demanda, citaciones, pruebas y luego a la persecución con la boleta de apremio que tiene una temporalidad válida de 30 días; de no obtenerse el resultado positivo, se debe empezar un nuevo trámite para una segunda boleta válida por 60 días, y así sucesivamente, provocando ello desgaste y cansancio en las madres.
Se necesitan reformas sustanciales en favor de los alimentados, tales como: la validez indefinida de la boleta de apremio, porque los irresponsables padres se esconden unos días hasta que caduque la boleta; que no se necesite el odioso trámite de certificación de valores, y que a cambio, el propio juzgador revise en el sistema la falta de pago y disponga el auto de prisión. El exceso de tramitología es una de las causas por las cuales las reclamaciones alimenticias han sido abandonadas.
Por tratarse de prestaciones de carácter social, toda reforma legal debe ser dictada en favor de las niñas, niños, adolescentes y personas con capacidades especiales, pero aquí en nuestro Ecuador los asambleístas hacen lo contrario, es decir, favorecen a quienes no quieren cumplir con sus obligaciones frente a sus hijos.