Mesías Mestanza Solano
Hace pocos meses, la Asamblea Nacional, con bombos y platillos, aprobó con 131 votos la Ley Orgánica de Competitividad Energética, conocida como Ley ‘No Más Apagones’, la cual, se supuso, sería la solución a las crisis energéticas en el futuro.
La filosofía de esta ley era la de permitir una coordinación entre los sectores público y privado, con miras a promover la inversión en el sector energético y encaminar de mejor manera la infraestructura de generación, transmisión y distribución de la energía.
En pleno fenómeno de El Niño, no llueve en los sectores donde se ubican las centrales eléctricas, mientras en otros, se inundan por exceso de lluvia. Lo que sostienen los entendidos es que se abrieron las compuertas en plena sequía; de ser así, Fiscalía General ya tiene la ‘noticia criminis’ para descubrir a los autores y cómplices; pues la omisión tiene la misma pena que la autoría.
Cuánto daño causan los apagones; interrumpen la comunicación, el transporte, el agua potable por la paralización de las bombas eléctricas, el uso de equipos electrónicos; en fin, se paraliza el comercio y toda actividad laboral, incluyendo bancos, cajeros automáticos, gasolineras, telefonía fija y móvil. Nos hicieron creer que tendríamos capacidad eléctrica hasta para exportar; nos convencieron de que las cocinas de inducción serían la solución en el hogar.
No se trata solo de leyes para tener energía suficiente, sino de honestidad, diligencia, y ética de los funcionarios públicos que manejan los sectores estratégicos, donde no deberían estar políticos, sino técnicos con amplios conocimientos en el área. Es un acto de corrupción designar a funcionarios públicos sin los debidos conocimientos en puestos estratégicos, y es más corrupto aún aceptar aquellos cargos por amiguismos y política.
El mismo hecho de no haber dado el mantenimiento necesario a las centrales hidráulicas llenas de palos, piedras y sedimentos constituye un delito por omisión; no siendo suficiente la destitución de los responsables, sino la sanción con pena de cárcel e indemnización por daños y perjuicios.