Orlando Amores Terán
El que a la Corte Constitucional, el narcoterrorismo le haya categorizado como el «máximo organismo de control e interpretación constitucional», no comporta desde ningún punto de vista que sus jueces sean los más sabios, los más justos, los más patrióticos, los más ponderados, los más responsables, los más inteligentes.
Todo lo contrario, si existe un solo voto salvado, significa que hay una resolución sesgada.
Basta escuchar a sus miembros -que se entiende, son de un nivel cultural medianamente aceptable-, expresarse en el aberrante y vulgar lenguaje inclusivo, para inferir cuál es su vinculación ideológica y deducir que sus resoluciones no están cargadas de argumentación cívica, patriótica y constitucional, puesto que es obligación de todo servidor público, incluidos los jueces de la Corte Constitucional, anteponer el interés general de la Nación, compuesta por 17 millones de ecuatorianos, al interés particular de un grupo de 137 diputados, que perdieron calidad ética para representarnos, frente a la inseguridad social y jurídica, al fraude electoral, a la corrupción generalizada, a la injusticia e impunidad que azota al país; toda vez que han omitido cumplir sus funciones, para corregir jurídicamente el deterioro nacional, causado por una estructura constitucional que instauró el narco-Estado plurinacional oclocleptocrático en Ecuador, respecto de la cual ni siquiera se manifiestan, y nada han hecho para restaurar la República.
En tal sentido, esa resolución, es un fiasco constitucional que nos alerta, que retornaron los jueces de bolsillo a la Corte Constitucional; en esta ocasión, no a órdenes del ‘Ejecutivo’, como en la década infame 2007-17, sino a órdenes de una mayoría legislativa, vinculada al narcoterrorismo internacional, autodenominado socialismo del XXI.