No es cuestión de que la Corte Constitucional califique o no las preguntas. El hecho es que son enmiendas. Las enmiendas no pueden alterar la estructura del Estado, ello solo es posible a través de reforma constitucional parcial.
Por tanto, la propuesta de Lasso contiene 8 preguntas inservibles, para salir del narco-Estado instaurado en la Constituyente de 2008.
No elimina la Función de Transparencia y Control Social. No elimina la Función Electoral. No elimina el CPCCS. No elimina la Asamblea, para sustituirla por Congreso Bicameral, integrado por un senador y un diputado por provincia. No elimina el CNE por Tribunal Supremo Electoral, integrado por delegados de todas las organizaciones políticas. No elimina las regiones. No modifica la designación del Consejo de la Judicatura. No traslada las atribuciones del CPCCS, a la Cámara de Senadores.
Vamos a gastar 60 millones de dólares, para que todo siga igual. Son simples enmiendas, no reforman el narco-Estado. Es una Consulta de falsa bandera, orientada a permitir el retorno de los delincuentes prófugos, para que la corrupción judicial les otorgue «habeas corpus»; la delincuencia legislativa les confiera «amnistía»; o el ejecutivo cómplice les conceda «indulto». A costa de ser reiterativos, debíamos insistir, exigir, volver a insistir hasta el final; lo hicimos, hasta lograr que demuestre lo que es, otra canallada más.
Lasso tuvo la oportunidad de pasar a la historia como el restaurador del Estado de derecho, ha preferido insistir en su mediocridad e ineptitud cómplice. A los ciudadanos no nos queda otro camino que rechazar la burla, el desperdicio de tiempo, de dinero que comporta la inservible propuesta de Consulta y exigir se repita contra el mandatario, el valor del gasto en que incurra, al hacer una Consulta inane, para que todo siga igual.