Victoria Ramón
Definitivamente, 2022, quedará registrado como uno de los años más violentos para la mujer. Las frías cifras no alcanzan a dar la voz de alarma sobre lo que sucede en el país, ni tampoco a sensibilizar a una ciudadanía indiferente: 206 muertes violentas, 1 femicidio cada 28 horas, 6 de cada 10 mujeres soportan experiencias traumáticas de violencia, 52% de las personas desaparecidas son mujeres. ¿Seguiremos incrementando estos números? Tristemente, estas cifras del terror indolente pasarán simplemente a engrosar las estadísticas de un estado que se encamina peligrosamente a ser fallido.
Porque, tras esto, se esconde una sociedad en crisis, donde solo aparecen las voces de mujeres gritando sin esperanzas, clamando respuestas al viento y contemplando desesperadas un futuro incierto. Porque tras esto, están emergiendo víctimas de una violencia invisibilizada desde siempre, que ha invalidado el dolor. Porque, tras esto, estamos observamos impávidos el aparecimiento del miedo, como mecanismo normal de comportamiento social, esperando no ser la siguiente por la cual salgan a las calles a clamar su nombre esperando respuestas.
La vida y la dignidad, no son privilegios, son derechos fundamentales y deben tratarse como tal, garantizarse y no suprimirse, y mucho menos justificarse su omisión.
Es el momento para que el Estado comience a asumir responsablemente su rol, y actuando ya, más no rehusar su misión, dando respuestas mediáticas a problemas reales, ni minimizando o escondiendo la tragedia nacional. El deber nuestro como sociedad, será el de comprometernos a generar incidencia, además, de apoyar, denunciar y exigir justicia y reparaciones.