Luis Coello Kuon Yeng. El presidente Guillermo Lasso acaba de anunciar la apertura de la posibilidad del porte y tenencia de armas a nivel nacional. Esto en un momento álgido de la escalada delictiva que vive el país. La disposición incluye una lista de requisitos tanto para personas militares y policías de forma particular, así como para personas naturales y jurídicas. 1- Personas de 25 años en adelante. 2- Aprobación de una prueba psicológica y un examen que muestre no uso de drogas o alcohol por parte del Ministerio de Salud Pública. 3- El Ministerio de Defensa debe dar una fe del buen uso de las armas; destreza y uso. 4- No registrar antecedentes de violencia familiar y a mujeres. 5- No tener sentencia ejecutoriada por haber cometido delitos. Las redes sociales se incendiaron, unos a favor otros en contra. Lamentablemente esta disposición surge a partir de un Estado (Gobierno, Asamblea Nacional, Justicia –podrida-) que no han sido capaces de ejecutar de forma articulada y mancomunada políticas y acciones en contra del crimen organizado y de los delitos para que los ciudadanos tengan paz y la certeza de vivir sin resquemores o miedos. Culpables son todos. Yo tengo dudas de que la ciudadanía, y hay que reconocer, está harta de tanta delincuencia. Si se forjaron de forma fraudulenta carnes de discapacidad, si se generan fraudulentamente cédulas de identidad. ¿Quién asegura no se darán los permisos de porte y tenencia de armas a gente inadecuada para llevarlas? O en el peor de los casos para acometer delitos. Muchas veces he sentido la indefensión en la cual estamos sumergidos todos. Personal de salud vive en zozobra constante de que las unidades hospitalarias sean víctimas de hordas de desalmados e irrumpan para realizar delitos con la posibilidad de que un empleado salga herido en esos enfrentamientos. Si ya se aprobó esta disposición, las autoridades deben entregarlas a quienes estén capacitados en el uso y sobre todo determinar en qué acciones deben ser usadas sobre todo en defensa propia. Ojalá que no existan personas “víctimas colaterales” de detonaciones de estos artefactos balísticos. Creo que la Policía, personal de las Fuerzas Armadas, guardias de seguridad privados (que prueben ninguna conexión con grupos delictivos) son los que deben portar y utilizar armas de fuego. Pero ya la resolución está, queda esperar y ver qué pasa. Hasta tanto, que Dios se apiade de nuestro Ecuador.
