La legislatura, el 14 de mayo pasado cumplió el primer año de su período en medio de pugnas políticas y críticas sociales a causa del poco cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de legislación y fiscalización.
Esto se refleja en la baja calificación recibida en las encuestas, ya que en este poco tiempo de gestión, su calificación de credibilidad pasó de 34,5% a 10,7%, según la encuestadora Market, es decir, cayó 24 puntos en un año. Así mismo, la encuestadora Perfiles de Opinión identifica que el 11% de la ciudadanía cree que la gestión de la Asamblea Nacional es buena, siendo una cifra baja.
Estos valores reflejan la poca estima que la ciudadanía tiene a la Función Legislativa. El ciudadano recibe únicamente información de las pugnas de poder internas y externas, y de los cuestionamientos a ciertos asambleístas por estar inmersos en actos de corrupción y tráfico de influencias, más no así sobre el cumplimiento de una agenda legislativa que sea de su interés y que le permita resolver los problemas que lo aquejan en su cotidianidad.
Si bien en un inicio, las bancadas ofrecieron trabajar en un frente común que permita viabilizar la gobernabilidad, hoy se han estancado en inexistentes acuerdos políticos, lo que ha ocasionado que no sintonice con las necesidades del pais, ergo, carezcan de legitimidad.
En efecto, la pugna interna ha tomado un poco más de tres meses, tiempo en el cual la presidenta Guadalupe Llori ha activado al sistema judicial para mantenerse en el cargo y no ser cesada o destituida; siendo ahora, incluso, denunciada por supuesto tráfico de influencias y gestión de cargos públicos. Es decir, han hecho todo menos trabajar en lo que deben hacerlo.
En definitiva, urge que el legislativo, en medio de la crisis de institucionalidad que vive el país, logre generar estabilidad interna a fin de cumplir con una agenda legislativa que permita resolver las demandas sociales. Lo penoso sería que empiece a generarse la percepción de que el Congreso Nacional de los ceniceros, las armas en la cintura y los insultos, tenía más institucionalidad y gestión que la actual Asamblea Nacional.