Manuel Castro M.
Parece que Ecuador no enmienda en el arte de la política, reduciéndolo a un sistema de enojados o maliciosos compadres. En la Asamblea nos ofrecieron trabajo serio para salir de los problemas económicos, de la falta de seguridad, del desempleo, colaboración con el Ejecutivo, pero nones. El correísmo ahora se entusiasma en concluir el juicio político contra Lasso; olvidó que la actual Asamblea es un juez diferente -no jurisdiccional- a la que inició el litigio, que dicha acción era, como manda la Constitución, contra el presidente de la República en funciones, y ya Guillermo Lasso no tiene tal calidad. El correísmo actúa ajeno a procedimientos jurídicos; quería censurar y destituir a quien ya no es sujeto jurídico de la acusación. Olvidaron o ignoraron el Art. 129 de la Constitución que dispone que tal enjuiciamiento político y su procedimiento es solo contra el presidente de la República. Una resolución de carácter moral condenando la labor de Lasso no tiene el menor valor legal.
Luego, como sobra tiempo e instrucciones, intenta un juicio político contra la Fiscal General, cuyos fundamentos son vacíos, largos y estériles, pues el que no les guste o les afecte el modo de actuar de la Fiscal General no es motivo para un enjuiciamiento, peor destitución.
La incontinencia verbal de la electa vicepresidenta de la República ha servido tanto para herir la susceptibilidad del Gobierno como igualmente para hacer perder tiempo. Tan alta dignataria que es parte de la Función Ejecutiva, según el Art. 141 de la Constitución, ha pasado curiosamente a la oposición y en una entrevista en CNN dice que su presidente ha traicionado al pueblo y a su persona al pactar con el correísmo, lo cual ella sabrá mejor; además que ya ha aceptado la única función que le ha determinado el presidente, que inclusive podía constitucionalmente no darle ninguna.
Por su parte el Gobierno, o su Cancillería o la Dirección de Protocolo, ha procedido sin la menor cortesía -obligación mejor- a no invitarle a la vicepresidenta a los actos oficiales y sociales de la transmisión del mando, olvidado que es la segunda mandataria y que, constitucionalmente, según las circunstancias, reemplazaría al presidente, temporal o definitivamente. Encargo diplomático a Medio Oriente o alejamiento que parece no apegado a la práctica diplomática, a la política internacional y sus instituciones.