Rodrigo Santillán Peralbo
El Estatuto de Roma fue creado el 17 de julio de 1998, por lo que se apresta a conmemorar el 25 aniversario de existencia. El Estatuto es el instrumento constitutivo y operativo de la Corte Penal Internacional, que es un organismo con la elevada misión de convertirse en un ente rector de vigilancia del respeto a los derechos humanos en todo el mundo, pero no ha podido cumplir con eficacia su misión debido a la injerencia política de algunas potencias como Estados Unidos y varios países de la Unión Europea que son sus socios y aliados.
La intencionalidad de los impulsores del Estatuto fue la de crear un imbatible elemento del proyectado Sistema Global de Justicia, orientado a someter a los pueblos y estados a los ‘principios y valores’ de los países dominantes que vendrían a constituirse en elementos de control que ocultarían, de alguna manera, la violación de la soberanía nacional en todo cuanto se trate de métodos y arbitrios de aplicación de la teoría y práctica de la justicia.
Los defensores del Estatuto de Roma y por tanto de la Corte Penal Internacional afirman que es un adelanto fundamental en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos, porque reconoce a la persona, grupos, organizaciones o entidades como titulares con plena capacidad para presentar demandas o quejas contra el Estado que haya violado los derechos,
Quienes promueven el Estatuto de Roma han diseñado estrategias para el desarrollo de la Corte Penal Internacional hasta el año 2033. Han creado elementos que deben ser aplicados en el sistema global de justicia, al aumentar los valores de las potencias para ejercer mayor control y generar una amplia injerencia ya que incrementan metodologías, planificaciones y riesgos para mantener la soberanía judicial de los países.