Pocas veces en la historia del Ecuador la situación económica, social y de seguridad ha sido tan angustiosa como la actual. En estas circunstancias, lo menos que se debería esperar de los políticos es un mínimo de sensibilidad y compasión hacia esa mitad de ecuatorianos que sufren el desempleo, la enfermedad, la pobreza y la pobreza extrema. Es hora, por lo mismo, de una actitud abierta al diálogo y a la cooperación para, juntando esfuerzos de todas las funciones del Estado, los distintos niveles de gobierno y las tiendas partidistas, ponerse a buscar soluciones pragmáticas; esto es, ‘posibles’ y orientadas a atender el bien común, razón de ser del Estado, con un enfoque solidario hacia los más débiles y desprotegidos.
En una democracia auténtica, se reconoce y defiende la capacidad del ser humano – en uso de su razón y libertad – para tomar posición sobre asuntos económicos, sociales, científicos, tecnológicos, políticos, culturales, morales, religiosos, etc. Sobre esta base, se explican los alineamientos partidarios para apoyar un particular programa político. Pero, como existe una diversidad de alternativas para la toma de decisiones sobre políticas públicas, en situaciones extremadamente críticas, son normales las aproximaciones y acuerdos orientados a superar los problemas del conjunto de una sociedad. Además, se debe recalcar que las ideologías democráticas son dialogantes y tolerantes lo cual, por supuesto, no sucede en los regímenes autoritarios que pretenden imponer su visión como la única verdadera y sus valores como obligatorios para toda la población y repudian al pensamiento distinto, al que pretenden anular o suprimir.
En la actualidad parece que puede reeditarse una ‘pugna de poderes’ inaceptable. Una actitud de esta naturaleza debería ser considerada como una traición sin nombre, en momentos en los que se requiere un diálogo nacional con propuestas de soluciones y no con planteamientos dogmáticos inaplicables. Se requiere, por lo mismo, una actitud vigilante de la población civil para sancionar a quienes mezquinamente, intenten poner intereses económicos, electorales o judiciales por delante de las verdaderas aspiraciones de la población.