Alfonso Espín Mosquera
La corrupción ha campeado desde siempre en los estamentos judiciales, pero hoy con el terrible agravante de los hilos del narcotráfico, como pretende develar este último caso denominado ‘Purga’.
Sabido es que las coimas eran el pan del día para sobornar desde la agilización de los trámites hasta el dictamen de sentencias y seguro habrán tenido tarifas, según la conciencia de cada juez.
Ahora, las amenazas a cambio de pagos para que actúen según los designios del narcotráfico; el temor a los propios colegas, como al exasambleísta del socialcristianismo, Muentes, o a la jueza Gallardo, quienes presuntamente han hecho lo que les ha venido en gana dentro de la administración de justicia del Guayas: organizando a su gusto los sorteos, para que las causas vayan a donde convengan a los intereses delincuenciales, removiendo y nombrando a los jueces allanados al crimen organizado, generando así los móviles del enriquecimiento ilícito de los magistrados, que nos ostentan vehículos y propiedades imposibles de comprar honestamente con sueldos de cinco mil dólares mensuales, y eso sin gastar en su manutención y la de su familia.
El caso Purga está destapando una red de corrupción mafiosa que causa indignación y asco, una vez que los ecuatorianos suponemos que las causas, que deben ventilarse en los juzgados, tienen la atención prolija y proba de los jueces, cuando estos más bien han vivido atentos a sus bolsillos y patrañas, sin interesarles de dónde o cómo llegaban los dineros de las coimas.
Ahí están algunos de los implicados en este caso: Mayra Salazar, quien fungía de relacionista pública con poderes ‘infinitos’ en la Corte Provincial del Guayas, y procesada en el caso Metástasis, conversa vía chat con diferentes delincuentes, con la confianza que da la amistad íntima; o atiende y planea, también vía whatsapp, a ‘Pablito’ Muentes, alias ‘Jeremy Norton’, y sus rastreras directrices. Este mismo ex asambleísta Muentes, quien según las denuncias de la Fiscalía, habría logrado millonarias sentencias en primera y segunda instancias a su favor, en calidad de indemnizaciones de parte del Banco del Pacífico, por querer cobrarle una deuda que, según Fiscalía, justificó con recibos falsos y forjados.
También está detenida la señora Fabiola Gallardo, que inició pagando de su bolsillo 2500 dólares a Mayra Salazar, quien le hizo la campaña para lograr la presidencia de la Corte Provincial del Guayas; pago del que luego se hizo cargo Muentes. Cosa rara, una funcionaria judicial y un asambleísta con sueldos de 5000 dólares, gastan la mitad en pagos a Salazar, a quien se le contrató como relacionista de la Corte Provincial del Guayas, pero su rol estaba por otras lides; más bien según la señora Fiscal, destinada a instrumentalizar una dinámica criminal, cuyos fines giraban en todo el control completo de la Corte Provincial del Guayas, tanto en las decisiones judiciales, en los sumarios, en los cambios administrativos, así como la generación de la impunidad por intereses ilegales de Muentes, Gallardo y Marfetán, otro juez, también implicado en esta trama de corrupción.
Esta tiene que ser solamente la punta del iceberg, no sabemos cuántos más caerán, pues el mundo judicial no solamente está podrido de la corrupción acostumbrada, sino del entramado del narcotráfico que ha envilecido infamemente a tanto funcionario público. El círculo del crimen organizado es completo; por eso se explica ese afán, en la Asamblea Nacional, por defenestrar a Diana Salazar, por aplazar los tiempos para que los casos que está investigando pierdan vigencia, o por promulgar leyes que les permitan enterarse a los asambleístas de las causas que se ventilan en Fiscalía, y así lograr que todo quede en la impunidad.