Alejandro Querejeta Barceló
El viejo principio “cogito ergo sum”, el “pienso luego existo” de Descartes, podría traducirse en un lamentable “manipulo, luego controlo todo y a todos”. ¿A quién no le llama la atención eso de ‘la guerra legal’ o ‘lawfare’ que asoma la nariz a toda hora? Hay quien en nuestra política “arrima la sardina a su bracero” y echa mano al término como estandarte, para esconder sus culpas. Una cuestión que para ellos es fácil de resolver: por supuesto, las culpas las tienen otros.
Con esto de ‘la guerra legal’ o ‘lawfare’ se refieren a un sistema de persecución política consistente en la utilización abusiva de procedimientos judiciales para destruir o neutralizar al adversario político. Es decir, un aparato de persecución desmesurada, vulnerando los principios de igualdad ante la Ley y entronizando la arbitrariedad. Para sus promotores, el Estado de Derechos y los principios constitucionales son papel mojado.
Ciertos prófugos de la justicia dicen que contra ellos se desarrolla una encarnizada ‘lawfare’. De ahí la necesidad de mantener despierta la memoria, si es que queremos caminar, como país, sobre bases reales. Cabe recordar la década en que ‘la guerra legal’ la fomentaban el presidente y sus adláteres contra cualquiera que pensara, se atreviera a alzar la voz, a pensar diferente a él y, en virtud del derecho a la libertad de expresión, hacerlo público.
Un cuidado mayor debe tenerse cuando en lugar de personas o entidades se trata de un país o de un Estado. La sombra del autoritarismo y el culto a la personalidad no se han disipado; por el contrario, hay sectores sociales que se sienten cómodos con ellos. Se nos pide no mirar atrás y hacerlo hacia adelante, pero hay mucha sangre que pide justicia y corruptos que deben ir (y seguir) encarcelados; hay prófugos notorios y miles de millones robados al pueblo.
Separar la verdad con la mentira va a ser crucial en este nuevo capítulo de la historia que comenzamos a vivir. Si hay alguna ‘guerra legal’ a la vista es aquella que enfoca sus cañones contra quienes, con la Ley en la mano, les llevaron a los tribunales y probaron sus delitos. No hay espacio para insistir en las afirmaciones falsas, la información engañosa, las teorías de la conspiración y la simplificación de la realidad.