Paco Moncayo Gallegos
Según el decir popular: “a la tercera va la vencida”. El primer intento del presidente Lasso para lograr el empleo complementario de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para enfrentar a los cárteles de la droga y el crimen organizado, fue a través de un proyecto de ley, negado por la Asamblea; luego planteó el asunto como una enmienda constitucional, para llevarla a referendo, pero la Corte Constitucional argumentó que el procedimiento no era el adecuado; por esta razón, debió enviar un nuevo expediente a la Corte, a fin de iniciar el trámite como una reforma constitucional, con participación del Legislativo y finalmente, el miércoles anterior, presentó el proyecto ante la Asamblea, donde se tramitará en dos debates y, en el caso de ser aprobado, se lo someterá a aprobación ciudadana, en un referendo.
La intención expresada por el Gobierno es modificar el artículo 158 de la Carta Magna, a fin de que, a solicitud de la Policía Nacional, el mandatario pueda disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, con el fin de combatir al crimen organizado. Se ha explicado que será una medida regulada, extraordinaria y respetuosa de los estándares internacionales de derechos humanos. Se ha insistido en que será un empleo: extraordinario, justificado, excepcional, temporal y restringido, debidamente fiscalizado por órganos civiles competentes; y, que no es adecuado acudir a sucesivas declaraciones de estados de emergencia, como respuesta a amenazas de gran intensidad que se han vuelto permanentes.
Es previsible, lastimosamente, que el debate no estará orientado por el interés nacional. La tradicional ‘pugna de poderes’, causa principal para el atraso e inseguridad que vive el pueblo ecuatoriano, impide desarrollar políticas públicas de seguridad, acordes con las nuevas amenazas que afectan a la paz, objetivo nacional contenido en los propios textos constitucionales. Cada decisión que ha tomado la mayoría que domina la Asamblea ha buscado debilitar a un Presidente cuyo fracaso parece ser su último objetivo. Es, pues, necesaria una presión ciudadana intensa sobre la Asamblea para que defiendan la paz, tranquilidad y bienestar del pueblo, por sobre sus menguados intereses.