Entre las reformas al Código Orgánico Integral Penal que se debaten en la Asamblea Nacional se incluye la de obligar a la Fiscalía a entregar a los asambleístas -y a otras instituciones- información reservada de investigaciones previas. Es una iniciativa tan fuera de lugar que ni los asambleístas que impulsan las reformas quieren hacerse responsables de ella.
La medida implicaría otro retroceso institucional para el país. La separación de poderes —que implica también una sana distancia entre el poder Legislativo y el Judicial— es uno de los puntales del Estado. Permitir que los legisladores se entrometan en investigaciones de la Fiscalía está en obvia contradicción con ese principio.
La reserva durante la etapa de investigación intenta evitar que filtraciones prematuras obstaculicen o impidan el trabajo de las autoridades que buscan la verdad de un hecho. Sirve también para proteger la presunción de inocencia de los investigados e impedir que los prejuicios o la opinión pública contaminen tempranamente un proceso. Nadie, ni la Ley ni los ciudadanos, ganaría con la reforma que se quiere introducir.
La reciente actitud del expresidente Rafael Correa —de advertir con antelación sobre el testimonio de un presunto implicado en el asesinato de Fernando Villavicencio, así como sobre los allanamientos del caso Metástasis— y del exministro José Serrano —de revelar información reservada sobre la investigación del asesinato del fiscal César Suárez— son pequeñas pero obvias muestras del daño que provoca la política en una investigación criminal. ¿Qué más se podría esperar de una medida que no persigue sino una mayor politización de la Justicia?