El Salvador acaba de cumplir 300 días sin homicidios, pese a que hace apenas cinco años, en el mismo lapso, se asesinaba a cerca de 4 mil salvadoreños. Eso le ha valido al presidente Nayib Bukele Ortez una fama que trasciende fronteras.
Pero es solo un lado de la historia. Bukele se hizo con todos los poderes del Estado y ha gobernado con once estados de excepción sucesivos. A los más de 30 mil encarcelados que ya había, se han sumado todos los detenidos de esta fase y la población carcelaria salvadoreña supera ya las 80 mil personas —más del 1 por ciento de la población, una cifra que rebasa hasta a la de EE.UU.—-. Ante eso, el régimen celebra la inauguración de la cárcel más grande del mundo con la alegría que en países normales suele reservarse a obras productivas, como carreteras, puentes o puertos, y no a penitenciarías. A todo eso hay que sumarle los abundantes abusos a los derechos humanos y la implacable persecución a la prensa.
Bukele no ha transformado a El Salvador, que sigue pobre, sin crecimiento y con una altísima tasa de migración. Simplemente ha convertido a su país — a cambio de las remesas y de la cooperación internacional de las que El Salvador depende— en una gran cárcel para criminales que, de otra manera, amenazarían a Centroamérica y Estados Unidos. Bukele no es el primer tirano que compra una paz temporal a sangre y fuego en aquel país—Maximiliano Hernández Martínez o Arturo Molina fueron igual de eficientes—; el problema es que ese modelo no es sostenible.
Se debe insistir en una vía media —democrática y duradera— entre la sangrienta anarquía y la tiranía omnipotente.