Actualmente, en el cantón Loja se observan candidatos en medios de comunicación, reuniones en los barrios, socializando propuestas, sus fotos y listas en paredes y otros espacios pintados del color del partido e incluso vehículos con stickers de los nombres de los postulantes a las diferentes dignidades. El Consejo Nacional Electoral (CNE) advierte de control y monitoreo.
Campaña
Según el cronograma, los candidatos podrán realizar campaña electoral de manera abierta, únicamente desde el 3 de enero al 2 de febrero de 2023, y quienes infrinjan esta normativa serán sancionados. Los medios de comunicación también son monitoreados, sin embargo, por ahora los candidatos están a tiempo, en caso de que tengan carteles con nombres, fotografías y listas, incitando a votar por tal postulante, a retirar y evitar las sanciones.
Luis Cisneros, director del CNE, manifestó que actualmente el Código de la Democracia habla de sanciones leves, graves y muy graves. Antes no se contemplaba este tipo de clasificación y lo que se llamaba campaña anticipada, únicamente era imputada al gasto electoral y la sanción era pecuniaria en caso de haber superado el gasto electoral, pero ahora, desde el 2020, es diferente y se va a actuar, dijo.
Control
Indicó que es importante que los candidatos y dirigentes de las organizaciones políticas conozcan que hay infracciones si realizan actividades que están fuera de la normativa. Por ahora no pueden levantar procedimientos, pero sí cuando los postulantes a las diferentes dignidades sean candidatos en firme y estén inscritos oficialmente dentro del CNE. “Yo creo que, dentro de los próximos 10 días, quienes estén inscritos y hayan incurrido en estas infracciones se les levantará el procedimiento correspondiente y se comunicará al Tribunal Contencioso Electoral para que procedan con las acciones, dentro de sus competencias”, relató.
EL DATO
Por ahora dijo que no hay procesos iniciados, están a la espera de la calificación de los candidatos para actuar.
TOME NOTA
Las infracciones graves serán sancionadas con la destitución del cargo, suspensión de derechos políticos y sanción de forma económica, con un monto que va desde los $4.675 dólares, hasta los $8.500.