Padres de familia de una comunidad ubicada al suroeste de Ambato, denuncian que se cobra rubros por tener a sus hijos en otras escuelas y colegios que no son los de la localidad.
Multas de hasta 250 dólares o incluso el retiro de animales, es lo que se ha dispuesto por parte de las autoridades comunitarias, mientras que los moradores aseguran no estar de acuerdo con estas acciones. Se trata de la comunidad de Tamboloma en Pilahuín.
Molestia
Marco S., padre de familia, explicó que en efecto los dirigentes han manifestado que los estudiantes deben retornar a la institución educativa de la localidad, ya que existe temor por la disminución de estudiantes en la escuela del sector.
“Dicen que no deben preferir escuelas y colegios en otros lados y que obligatoriamente se debe tener aquí a nuestros hijos”, comentó.
Según el padre de familia, con estas acciones lo único que están provocando es la desunión de la comunidad.
Para Segundo Poalacín, presidente del Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT), esta acción es arbitraria, pues a pesar de que las comunidades indígenas tienen sus reglamentos para la aplicación de la justicia y organización, no se puede obligar a quedarse en una u otra institución educativa.
Según Polacín, el cabildo no puede hacer eso, esas acciones son contrarias a la libertad y la igualdad que propenden las comunidades, por lo que podría incluso ser sancionado.
Además, aseguró que los cabildos no pueden cobrar dinero ni extorsionar a sus pueblos.
Sin embargo, aseguró que dirigentes y autoridades de las comunidades sienten preocupación por la disminución de estudiantes en las escuelas fiscales de los sectores rurales.
El Dato Dinero en efectivo e incluso el retiro de animales serían las multas.
Autoridad
Paulina Salazar, coordinadora zonal 3 del Ministerio de Educación, explicó que no se han registrado denuncias formales sobre este tema, por lo que en primera instancia solicitó a los afectados acudir a las autoridades.
La funcionaria explicó que todos los trámites en esta cartera de Estado son gratuitos y que se realizará el seguimiento respectivo para verificar que esto no se dé, pues se está vinculando a la institución educativa, algo que no se puede dar.
“Los padres de familia siempre podrán decidir en qué lugar va a estudiar su hijo”, comentó, al asegurar que el sistema siempre está abierto y allí se puede encontrar las ofertas del circuito territorial conforme a la zona donde reside el estudiante.
“Coordinaremos con las autoridades territoriales, en caso de derivarse alguna ilegalidad, procederemos administrativamente, sino también jurídicamente y si es necesario poner en conocimiento de Fiscalía”, comentó.
Salazar reconoció que en las zonas rurales existe también la preocupación por la disminución de estudiantes en las instituciones educativas, pues acuden a centros educativos y colegios de otros sectores, incluso a la ciudad. (FCT)