Desde la Procuraduría Síndica del Municipio de Ambato se explicó que la suspensión del servicio de fotosensores no afecta en nada el plazo contractual que hay entre la institución y Safety, el mismo que concluye en abril de 2024.
“Nosotros como somos respetuosos de la ley, aun cuando no estemos de acuerdo con el fallo del juez, los radares se encuentran apagados desde el día lunes 26 de noviembre (2023)”, dio a conocer Jaime Castellanos, gerente general de Safety Enforcement Seguridad Vial, empresa concesionaria del servicio de fotosensores en Ambato.
Añadió que el contrato entre la institución y el Municipio ya es “maduro” y tiene casi 10 años, por lo que la entidad municipal cuenta con toda la documentación que avala el servicio y funcionamiento de los fotosensores.
“Ellos disponen del informe técnico de viabilidad y factibilidad de los fotorradares; así como de los certificados de homologación y calibración”, recalcó Castellanos.
Mencionó que, con el dictamen del juez, a los documento que ya tendría el Municipio, debe adjuntarse la certificación de que los fotosensores en la ciudad no se encuentran instalados ni en curvas ni en pendientes, así como los procesos de socialización, que se ejecutan de manera permanente desde el año 2014.
TOME NOTA A las 21:46 del viernes 24 de noviembre le habría llegado a Safety la notificación de suspensión del funcionamiento de los radares por parte del Municipio de Ambato, documento que se ratifica, nuevamente mediante correo electrónico, el sábado 25 de noviembre a las 13:55.
“Nosotros hemos apoyado con muchos recursos para que conforme a lo que dice el contrato ellos sigan haciendo difusión del sistema de los fotosensores”, añadió el Gerente de Safety.
Castellanos explicó que la orden judicial, adicionalmente pidió que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas otorgue el derecho de vías, pero en el caso de Ambato los fotorradares, que estaban funcionales hasta el pasado lunes, se encontraban en la jurisdicción administrada por la Municipalidad.
CIFRA 8 FOTORRADARES Estuvieron activos en Ambato hasta el lunes 26 de noviembre.
Perjuicio
Frente a las multas que se están dejando de cobrar, Castellanos dijo que más que un perjuicio para la empresa es un perjuicio para las arcas municipales y de la ciudad, pues las multas son para el Municipio que posteriormente se traducen para Ambato.
Castellanos reconoció que los plazos establecidos por el juez, por la acción de protección interpuesta por la Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros Intra e Inter Provincial (Fenacotip) en contra de la Agencia Nacional de Transporte (ANT) y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE); pueden ir más allá del tiempo establecido para que concluya el contrato de concesión entre Safety y el Municipio.
“Si el contrato no se va a renovar está bien, que no se renueve, pero todo tiene que hacerse bajo la ley”, dijo el Gerente y añadió que, como el Municipio contaría con toda la documentación para presentar, ante las autoridades competentes, la certificación del funcionamiento para los fotorradares por lo que, como empresa se reservarán el derecho de tomar cualquier medida por “omisión” en contra la Municipalidad.
EL DATO La acción de protección de la Fenacotip se interpuso en agosto de 2023.
Sesión de Concejo
En la sesión ordinaria de ayer, el procurador síndico del Municipio de Ambato explicó que la institución debe remitir el expediente correspondiente del funcionamiento de los fotosensores a la ANT para que haga la auditoría pertinente, pero para esto se deberá crear la normativa oportuna que permita ejercer dicho proceso sobre el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, en específico respecto al control frente a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley de Tránsito.
Sin embargo, esa normativa todavía debe ser creada y la entidad nacional tiene un plazo máximo de 20 días para hacerlo, por lo que se recalcó que sin ella no es posible cumplir con todo lo requerido para que, desde la ANT, se haga la auditoría necesaria para el funcionamiento de los fotorradares.
Así se puntualizó que sin dicha normativa, que debe establecerse a nivel nacional, no se podrá dar recomendación o certificación del funcionamiento de estos dispositivos.
Además, se aclaró que la decisión judicial de suspensión del funcionamiento de los fotosensores, no afecta en nada el plazo contractual que tiene el Municipio de Ambato con Safety.
Así la alcaldesa Diana Caiza, en sesión de Concejo, ratificó su posición de no renovar el contrato con la empresa concesionaria, pues asegura que han sido años de perjuicio contra el pueblo ambateño.
“Esto no se trata solo de cumplir con la palabra dada en campaña, si no de velar realmente por los intereses de la ciudad y su gente”, finalizó Caiza. (NVP)
TOME NOTA El contrato entre el Municipio de Ambato y Safety Enforcement Seguridad Vial culmina en abril de 2024.
Alcaldesa denuncia amenazas
Mientras la alcaldesa de Ambato, Diana Caiza, exponía su deseo de no continuar con el contrato de concesión de los fotorradares con la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial, mencionó que incluso en algún momento habría recibido amenazas por no querer seguir con esta vinculación.
A pesar de ello, resaltó que eso no la ha amedrentado y que la decisión de no renovación se mantiene en firme.
Sobre el particular , Jaime Castellanos, gerente general de Safety, sostuvo que se van a tomar las medidas legales del caso pues desde la empresa jamás se ha actuado de esa manera, “nuestra ética nos lo impide y es más bien desde el Alcaldía, no sabemos por qué, no nos han querido recibir nunca”.