Ganaron una acción de protección en contra de la empresa municipal de Transporte.
Treinta días es el plazo para que los Agentes Civiles de Tránsito de Santo Domingo sean regulados de acuerdo a los parámetros establecidos en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop).
Ese fue el resultado de la audiencia que se retomó ayer, miércoles 25 de agosto, en una sala de la Unidad Judicial de este cantón. El Juez Constitucional, que llevó la causa, aceptó la acción de protección presentada por los uniformados y ahora esperan la sentencia por escrito para que corra el tiempo establecido.
Pronunciamiento
Carlos Lucero, uno de los representantes legales de los agentes, indicó que la institución municipal vulneró los derechos a la seguridad jurídica, trabajo e igualdad formal.
Asegura que Santo Domingo marca un precedente, porque es la primera ciudad del país en la que este tipo de procedimientos judiciales finaliza con un fallo favorable. «Aceptó la acción de protección. Dispone que se declare la nulidad de un acto administrativo regulado por la Ley Orgánica de Servicio Público, (Losep).
El jurista dice que la entidad pública no respetó los tiempos de transición, ni las normativas correctas. Recordó que el Coescop está vigente desde el año 2017 y que regía para todos los municipios a los que se entregaron competencias de seguridad ciudadana.
¿Maltratos?
La satisfacción de los agentes fue notoria al escuchar el resultado de la audiencia. Confían que a partir de este momento las cosas cambien para bien y que retorne el buen ambiente laboral al interno de la institución.
Jean Proaño, presidente de la Asociación de Agentes Civiles de Tránsito, manifestó que no solo buscaban el aumento de sus salarios, sino que los funcionarios de la entidad les brinden un trato digno.
«En redes sociales y entrevistas hemos sido maltratados. Algunos compañeros tienen audios y videos, tuvimos amenazas de ser desvinculados», indicó el uniformado.
Exigían citaciones
Daniel Lamiño rompió el silencio y certificó que existen vulneración de sus derechos. Dio a entender que en muchas ocasiones los platos rotos eran pagados por los transportistas.
«Iniciamos este proceso por los distintos atropellos que hemos recibido por parte del gerente de tránsito. Ustedes fueron testigos que recibimos amenazas, nos decían que tenemos que sancionar y llevar citaciones. Sentíamos hostigamiento laboral, obligaban que nos fuéramos en contra de la ciudadanía». (JD)