Se hicieron las edificaciones sin permisos municipales y lo único que funciona es la Universidad. La empresa tiene una deuda de $10 millones.
Los problemas de Yachay, que contempla la Universidad y el complejo industrial, continúan. Esta vez, las alertas las puso Alejandro Ribadeneira, principal de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
El funcionario en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización aseguró que Yachay no tiene presupuesto ni competencia para la gestión de tierras, que es parte de la actividad de Siembra EP, ahora en liquidación.
Ribadeneira explicó que la situación es compleja, porque la empresa tiene deudas por más de $10 millones, una de ellas por 1 millón 500 mil dólares con el Municipio de Urcuquí, por multas provenientes de la construcción de edificios sin los respectivos permisos. Lo más complejo es que ese valor no puede ser cancelado con fondos públicos.
Este aspecto fue corroborado por los miembros del organismo legislativo, quienes visitaron las instalaciones, el sábado 2 de octubre de 2021.
Sin permisos
“Yachay está en el limbo”, dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio a La Hora. “Lo más sorprendente es haber constatado que el proyecto, que empezó en 2012, no tiene permisos de construcción. Levantaron una ciudad del conocimiento, más de 30 edificaciones, la Universidad de Yachay Tech, laboratorios y residencia universitaria y todo se hizo sin permisos”, aseguró el Legislador.
Lo otro que preocupa a la Comisión es que no existen escrituras, por eso la Senescyt no puede cobrar el arrendamiento de los terrenos -cerca de 600 hectáreas- que tiene entregado a cerca de seis empresas.
“Es uno de los grandes elefantes blancos que significa un millonario perjuicio al Estado, porque lo único que funciona es la Universidad Yachay Tech, que no se justifica para la magnitud de este proyecto”, sentenció Villavicencio.
Un proyecto sobredimensionado
Las cosas no quedan ahí. La vicepresidenta de Fiscalización, Ana Belén Cordero, sostuvo que los proyectos, que se iniciaron en el Gobierno del expresidente Rafael Correa, fueron sobredimensionados, es decir, no tienen sostenibilidad.
Precisó que, de las 4.400 hectáreas, 1.500 son tierras no productivas, 600 están arrendadas (sin posibilidad de cobro, porque no hay títulos de propiedad ni escrituras) y 300 están invadidas por gente que dice ser pobre y quiere acceso a la tierra.
Cordero dijo que los cinco edificios están con graves fallas estructurales. “Fueron construidos por la compañía ConEcuakor, adjudicados sin licitación por 45 millones de dólares. Los edificios se encuentran abandonados”, aseveró Cordero. Añadió que, al no haber títulos de propiedad, no se puede entregar la obra a la Universidad.
¿Quiénes son los responsables?
Para Villavicencio, hay una corresponsabilidad entre los gobiernos de Rafael Correa y el de Lenín Moreno. Este último nunca realizó una investigación sobre lo que sucedía en Yachay, para determinar la falta de sostenibilidad.
Sin embargo, para los legisladores el mayor responsables son quienes estuvieron al frente de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), entre ellos, Pabel Muñoz, René Ramírez y Héctor Rodríguez, quienes aprobaron un proyecto que no era sostenible y sustentable.
Además, tendrían responsabilidad los extitulares de la Senescyt: René Ramírez, Augusto Barrera, Adrián Bonilla, entre otros. También, estarían inmersos los exalcaldes de San Miguel de Urcuquí, quienes, desde 2012, cuando se iniciaron las obras, jamás pidieron los permisos para las construcciones. (RR)
