Mal manejo de terrenos expropiados se suman a los problemas de Yachay

Sitio. De las más de 4.000 hectáreas expropiadas entre 2011 y 2012, alrededor de 1.500 están en el abandono o improductivas.
Sitio. De las más de 4.000 hectáreas expropiadas entre 2011 y 2012, alrededor de 1.500 están en el abandono o improductivas.

Los predios donde antes funcionaban haciendas están abandonados y con denuncias de invasiones ilegales.

Redacción IMBABURA

Donde antes había casas de hacienda, incluso patrimoniales, plantaciones de caña, alfalfa y decenas de jornaleros labrando la tierra día a día, solo quedan matorrales, escombros y parcelas abandonadas.

Los terrenos ubicados en Urcuquí, provincia de Imbabura, lejos están de convertirse en parte de la ‘Ciudad del Conocimiento’, fin con el que fueron expropiados entre los años 2011 y 2012.

Esta situación ha puesto en alerta a los antiguos dueños de los predios, quienes, en algunos casos, desean revertir la expropiación y recuperar sus haciendas, basándose en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Marcos Martínez, abogado de varios de los expropietarios de estos terrenos, habla de mal uso y abandono de las tierras expropiadas por el Estado, en lo que ahora es Yachay, donde el Estado declaró de utilidad pública los predios que en ese entonces eran productivos.

“Lo que desconoce la gente es qué pasó con las 4.462 hectáreas que fueron expropiadas. Me refiero a 34 haciendas declaradas de utilidad pública, que más que haciendas eran empresas agrícolas productivas”, dijo.

Según declaraciones de Martínez a medios locales, hay más de 50 parceleros que se quedaron sin ingresos tras las expropiaciones, así como 1.200 trabajadores agrícolas sin trabajo.

Agregó que estos terrenos están “convertidos en extensos cañaverales que ahora son una maraña de matorrales desérticos, que yo he visitado los últimos tiempos varias veces, donde la naturaleza ha retomado su curso, siendo un bosque volviendo a resurgir”, por lo que esperan iniciar el proceso legal para que regresen a sus legítimos dueños.

Parte judicial

Amparados en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los expropietarios de las haciendas en Yachay podrían acogerse a la figura jurídica de reversión.

Como abogados especialistas en el tema explican, esto consiste en que cuando un bien expropiado no cumple el objeto para el que fue destinado, o cuando es abandonado, se puede configurar este derecho para que la persona que ha sido expropiada devuelva el monto de dinero que le entregaron y el Estado le entregue de nuevo sus tierras.

“Se devuelve el monto de justo precio, es decir si yo pagué 100 dólares por una propiedad que ahora está destruida, improductiva, el justo precio no es el que yo recibí, sino que es mucho menor. Asimismo puede haber mejoras y quien quiera acogerse a esa figura deberá aumentar la cantidad de dinero que le dieron”, dijo Martínez, afirmando que la mayoría de personas que fueron expropiadas ya han invertido el dinero en otros emprendimientos, pero también hay otra parte que sí quisiera acogerse a la reversión.

Uno de los ex propietarios, que prefirió mantener su nombre en reserva, expuso que devolver a sus antiguos dueños estos terrenos sería lo ideal, pues el mal manejo por parte del Estado ha dejado que se pierdan decenas de tierras productivas.

“Hicieron todo para expropiarnos con tanta urgencia, pero hasta ahora no han hecho nada en nuestros terrenos, más que dejar que se destruyan”, afirmó.

A este comentario se suma Martínez, quien dijo que en las declaratorias de expropiación consta que en esas tierras se levantarán zonas de especial desarrollo económico, un parque tecnológico, institutos especializados en temas como tecnología espacial, pero hasta agosto de 2021 no existe ni una sola piedra colocada con estos propósitos en los terrenos expropiados.

“Presentamos las denuncias a la Contraloría, que ya tiene informes concretos sobre el incumplimiento al objeto de la expropiación, pero que deberá determinar si existe un mal uso de bienes públicos, que no han sido administrados de manera eficiente”, señaló, añadiendo que como responsables concretos se puede señalar a quienes administraron todas las empresas públicas relacionadas con la ‘Ciudad del Conocimiento’, desde su inicio hasta la fecha.

En mayo de 2020, a través del Decreto Ejecutivo 1060, se resolvió liquidar Siembra EP, que nació en 2013 bajo el nombre de Yachay Empresa Pública.

Denuncian invasiones

Quienes han visitado Yachay en las últimas semanas denuncian que la situación en gran parte de los terrenos expropiados es de abandono total, a tal punto que gran parte de estas tierras, en lo que consideran alrededor de 500 hectáreas, están invadidas.

“Nosotros hemos actuado haciendo un seguimiento a estas invasiones, donde la mayoría son personas que estuvieron en Buenos Aires (Urcuquí), en la explotación minera artesanal, que van con recursos y materiales tecnológicos, es decir no son cualquier invasor. La Policía ha actuado, desalojándolos, pero a día seguido regresan”, explicó el abogado Marcos Martínez.

“Hemos hecho una inspección técnica y hemos encontrado, en definitiva, a manera de resumen, huertas destruidas, cultivos abandonados, sistemas de riego destruidos, galpones, invernaderos en plena destrucción. Las viejas casas de hacienda, algunas patrimonio histórico, están cayéndose,  todo frente a la indolencia de los funcionarios públicos”, dijo.

El manejo de Yachay y Siembra será auditado desde 2017

La Contraloría General del Estado (CGE) emitió tres órdenes de trabajo para el inicio de dos exámenes especiales en la extinta empresa pública Siembra y la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

El contralor Carlos Riofrío González realizó un recorrido este 31 de agosto de 2021 por las instalaciones de la ‘Ciudad del Conocimiento’, o Yachay, donde recibió el reporte de avances de los exámenes especiales, que la Contraloría efectúa en la universidad y en la empresa pública.

En las dos entidades se analizarán las operaciones administrativas y financieras ejecutadas entre el 1 de septiembre de 2017 y el 30 de junio de 2021. El objetivo es determinar “el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normas aplicables”, según un comunicado del organismo de control.

(Clic aquí para leer el reporte completo de Contraloría)