Se han establecido responsabilidades penales por más de $43 millones en el Gobierno de Correa. Ahora se revisará el manejo en el gobierno de Lenín Moreno.
La Contraloría General del Estado (CGE) emitió tres órdenes de trabajo para el inicio de dos exámenes especiales en la extinta empresa pública Siembra y la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.
El Contralor Carlos Riofrío González realizó un recorrido por las instalaciones de la Ciudad del conocimiento Yachay y recibió el reporte de avances de los exámenes especiales, que la Contraloría efectúa en la universidad y en la empresa pública.
En las dos entidades se analizarán las operaciones administrativas y financieras ejecutadas entre el 1 de septiembre de 2017 y el 30 de junio de 2021. El objetivo es determinar «el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normas aplicables», según un comunicado del organismo de control
En Siembra, que actualmente forma parte de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Contraloría además analizará las contrataciones efectuadas entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2021, dentro de los estudios, diseños, construcción y fiscalización del Programa de Infraestructura de la Ciudad del Conocimiento, Yachay EP.
Riofrío precisó que ya se han confirmado responsabilidades por $43’993.549, debido a irregularidades en la gestión de los bienes y recursos públicos. También informó que, en 2018, la Contraloría remitió a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP), como consecuencia de las falencias en la construcción del auditorio y edificaciones para laboratorios, transferencia de tecnología, administración y gestión.
En total, se detectaron cinco edificaciones con graves deferencias estructurales y de diseño. Conforme avanzó la construcción aparecieron deflexiones y fisuras en varias vigas, tramos de losas y gradas.
En marzo de 2017, se contrató los estudios de evaluación, diagnóstico de «serviciabilidad», seguridad y lineamientos de remediación de los inmuebles. La consultora concluyó que las falencias se originaron en errores y omisiones durante el diseño y recomendó realizar reforzamientos, aspecto que hasta la fecha de corte de ese examen especial (31 de diciembre de 2017) no se cumplió.
El informe de auditoría señala que, debido a estos hechos y mientras no se adopten las recomendaciones de la consultora para reforzar las estructuras, el desembolso del anticipo del contrato de obra, por $31’468.106,82, no se justifica técnicamente y las edificaciones no pueden operar en condiciones seguras para los usuarios. Por ello se confirmó una responsabilidad civil, en contra de exfuncionarios y contratistas, por el valor de la inversión.
Al 31 de diciembre 2020, las autoridades de la universidad informaron que tenía 1.391 estudiantes en alrededor de 12 carreras como biología, biomedicina, física, matemática, entre otros. A eso se suman 139 docentes.
El año pasado se ejecutó un presupuesto de $11,15 millones. De ese total el 6% se destinó a la gestión de investigación. (JS)
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