Organización de Naciones Unidas, en su convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1998 establece al decomiso como medida para luchar contra la delincuencia.
En los últimos tres años, el valor obtenido por bienes inmuebles comisados en procesos penales por delitos relacionados con la delincuencia organizada asciende a USD 30. 348.907,90, los mismos que van a la cuenta del Estado de forma directa.
Este es uno de los argumentos del Ejecutivo para sustentar una nueva pregunta para la consulta popular relacionada con la seguridad, y que fue entregada para su análisis a la Corte Constitucional (CC), este 31 de octubre de 2022.
AHORA | El ministro, @panchojimenezs, junto a la viceministra, @achanguin y @sichel_karen de @Presidencia_Ec entregan las preguntas finales para la #ConsultaCiudadanaEc en la @CorteConstEcu, resultado de un proceso de escucha y conexión con las necesidades de la ciudadanía. pic.twitter.com/zw0xRdL5YB
— Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) October 31, 2022
¿Está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia?, dice el texto de la interrogante, que también se respalda con otras cifras:
El valor monetario de la droga decomisada en el Ecuador en los últimos cinco años ha sido de USD 1.360.744.344,91,y para lo que va de 2022, el valor total es de USD 261.047.923.
En el mismo tema de seguridad, el régimen también sugiere la pregunta: ¿Está de acuerdo en tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada, para que se sancione con pena privativa de libertad de 7 a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada reformando el Código Orgánico Integral Penal (COIP)?.
El gobierno argumenta que, en la actualidad, el COIP tipifica el delito de extorsión como uno de los delitos contra el derecho a la propiedad. Sin embargo, la modalidad de extorsión responde a una amenaza mucho mayor: la proliferación de organizaciones criminales que buscan cimentar la gobernanza criminal en detrimento del Estado y los derechos de los ecuatorianos.
Según el régimen, la Policía Nacional ha registrado 5.545 denuncias de ciudadano por este delito; esta cifra es la más alta desde el 2015 en el Ecuador y es más del doble del total de denuncias receptadas por este concepto el año anterior. (SC)