Las empresas offshore, o negocios fuera del lugar de residencia, solo son ilegales si no se declaran ante el SRI y no se pagan impuestos sobre sus ganancias.
Los llamados ‘Pandora Papers‘ se han convertido en la noticia del momento a escala mundial. Se asegura, a través de la filtración de millones de archivos y documentos, que las élites políticas y financieras evaden el pago de impuestos y esconden sus fortunas en paraísos fiscales.
En América Latina, uno de los señalados es el presidente de la República, Guillermo Lasso. Sin embargo, lo que revela la investigación hasta el momento es que, antes de ser Primer Mandatario, Lasso tuvo parte de su patrimonio e inversiones en 10 empresas en paraísos fiscales de Panamá, Estados Unidos y Canadá.
Esas empresas ya están disueltas hace por lo menos cinco años y los activos que tenían se trasladaron a fideicomisos en Dakota del Sur, Estados Unidos. Este estado no es considerado un paraíso fiscal por las autoridades tributarias ecuatorianas.
La pregunta de fondo es si el solo hecho de tener empresas, depósitos o inversiones en paraísos fiscales convierte automáticamente a alguien en evasor de impuestos.
Según Juan Román, abogado corporativo litigante, la respuesta es no. «Tener, participar o pertenecer a una empresa que se encuentran en paraísos fiscales no es ilegal a menos que confluyan varios componentes», dijo.
El primer componente es que no se declare ante autoridad fiscal (en el caso del Ecuador es el SRI) el capital, los depósitos o inversiones que se trasladan a empresas offshore, que no son otra cosa que compañías creadas fuera del lugar de residencia del contribuyente.
Al momento de declarar y sacar los recursos, también se deben pagar los impuestos correspondientes.
Luego, según la legislación ecuatoriana, si el dinero genera utilidades o ganancias afuera, el propietario debe seguir pagando impuesto a la renta sobre esas ganancias.
En el país está en vigencia el concepto de renta global para el pago de tributos; es decir, se toma en cuenta no solo lo que generan negocios en el país sino también los de afuera, siempre y cuando la persona involucrada sea residente permanente en Ecuador.
En el caso de los ‘Pandora Papers‘, hasta el momento no se presentan pruebas de que Lasso no haya declarado ni pagado impuestos sobre los recursos que tenía en paraísos fiscales.
Como funcionario público, el Primer Mandatario estuvo obligado a presentar su declaración patrimonial. Esa declaración puede revisarse en la web de la Contraloría.
En resumen, Lasso declaró activos por $40’203.975,88; y deudas o pasivos por $501.869,34. Es decir, su patrimonio asciende a $39’702.106,54.
En cuentas bancarias, en Ecuador y Estados Unidos, tiene $1’225.354,9; en bienes inmuebles y muebles suma $ 2’514.798,1; finalmente, en derechos fiduciarios, derechos adquiridos por herencia y derechos de propiedad intelectual declaró $36’463.822,88.
De acuerdo con el SRI, entre 2002 y 2020, Lasso pagó $17’805.250,12 en impuesto a la renta; es decir, un promedio de casi $900.000 al año. Además, por Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), entre 2009 y 2020, desembolsó $22.517,68.
Así, el Primer Mandatario ha pagado el equivalente al 45% de su patrimonio actual en impuestos a lo largo de más de 20 años.
Andrés Merino, auditor financiero, aseguró que en este contexto se debe probar que Lasso escondió parte de su fortuna al fisco y no pagó todos los impuestos que debía.
Según el experto, los recursos que se fueron a Dakota del Sur están dentro de lo que está de los más de $36 millones de la declaración patrimonial.
En un comunicado público, Lasso aseguró que antes de ser Presidente disolvió todas sus empresas en paraísos fiscales reconocidos por Ecuador. El Objetivo fue cumplir con lo establecido en 2017 luego de una consulta popular, en donde se prohibió que funcionarios públicos tengan activos en esa clase de lugares
¿Qué es un paraíso fiscal?
Según la vigente legislación ecuatoriana, se consideran paraísos fiscales a aquellos regímenes, jurisdicciones o países en los que se cumplen al menos dos de las siguientes condiciones:
1.- Tener una tasa efectiva de impuestos sobre la renta o sobre impuestos de naturaleza idéntica o análoga inferior a 60% a la que corresponda en el Ecuador. Es decir, es un paraíso fiscal si el impuesto sobre la renta tiene una tasa de 10% o menos.
2.- Permitir que actividades económicas, financieras, productivas o comerciales que no se realicen efectivamente en esa jurisdicción se registren ahí para evadir controles y pago de impuestos.
3.- Ausencia de un efectivo intercambio de información conforme estándares internacionales de transparencia.
Esto incluye la disponibilidad y el acceso a información por parte de las autoridades competentes sobre la propiedad de las sociedades: propietarios legales, beneficios efectivos, registros contables fiables información de cuentas bancarias, así como la existencia de mecanismos que impliquen un intercambio efectivo de información.
Actualmente, Ecuador reconoce 88 paraísos fiscales a nivel mundial. Listado de Paraísos Fiscales_ Ecuador
¿Para qué sirve poner activos en paraísos fiscales?
De acuerdo con Merino, en las últimos años se ha venido desnaturalizando la función de los paraísos fiscales.
En un principio eran utilizados para proteger grandes fortunas para no ser víctimas de chantaje, secuestros, como prevención de que el país de origen caiga en una dictadura, o incluso para realizar inversiones que sin las restricciones del país de origen.
«En el caso de Lasso, el principal argumento presentado es que se busca poder expandir las posibilidades del inversión, debido a que en la normativa nacional se prohíbe que un banquero ponga su dinero en otro tipo de negocios que no sean del sector financiero», dijo.
Ahora, sin embargo, los paraísos fiscales cada vez se utilizan más encubrir dinero de actividades ilícitas como narcotráfico, lavado de activos, actos de corrupción públicos, lavado de armas, pornografía, secuestros y demás.
En 2016, la investigación llamada Panama Papers develó el desvío de recursos públicos vinculados a corrupción en temas relacionados a la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, Odebrecht, préstamos chinos, entre otros.
Así, se presentaron evidencias que empresas en paraísos fiscales se utilizaron para entregar sobornos a funcionarios corruptos del Gobierno de Rafael Correa. Uno de los principales salpicados es el exvicepresidente Jorge Glas.
Según un estudio de la consultora internacional Deloitte, «se debe considerar que si bien las investigaciones de este tipo revelan nombres de personas que muy probablemente están realizando una notoria evasión fiscal, también puede llegar a exponer nombres de otras personas, empresas u operaciones en estas jurisdicciones que sí están pagando los impuestos correspondientes». (JS)
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