Pedro Velasco (independiente) opinó que se “irrespeta” el pronunciamiento del Procurador. Cree que esto es «grave y debe tener preocupados a los ecuatorianos».
La convocatoria que hizo Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, a la sesión 868 para este martes 9 de mayo de 2023, para resolver si continúa o no con el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, es calificada por varios sectores políticos en el Parlamento como “ilegal”.
El titular del Parlamento “irrespeta” el pronunciamiento vinculante de Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado en el sentido de que el pleno debía tratar el informe motivado de la Comisión, aunque no fue aprobado, increpó Pedro Velasco, asambleísta independiente.
Saquicela remitió la convocatoria a los asambleístas el 7 de mayo, a menos de 24 horas después de que la Comisión de Fiscalización no hubo los votos para aprobar el informe que recomendó no dar paso a la interpelación.
Se respaldó en el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que ordena que: «Si en las comisiones especializadas no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional».
Para aprobar la resolución se requiere de una mayoría simple: el voto favorable de la mitad más uno de los presentes en la sesión.
Pedro Velasco dijo que, con esta decisión, Saquicela resta validez al proyecto no aprobado que fue remitido el sábado a su despacho, además, de que tampoco acogió el pronunciamiento del Procurador.
Al invocar el artículo 142 de la ley, “pretende hacer aparecer un nuevo informe que no tiene razón de ser”, agregó Velasco, tras calificar el hecho como “grave y que debe tener preocupados a todos los ecuatorianos”.
En la convocatoria al Pleno, Saquicela recalca que el informe borrador, al no haber tenido los votos necesarios para su aprobación, carece de valor y efectos jurídicos.
Fernando Villavicencio (Independiente) y Ana Belén Cordero (Creo), presidente y vicepresidenta de la Comisión, pidieron que el texto no aprobado sea distribuido a los 137 legisladores antes de la convocatoria a los asambleístas, como lo establece el artículo 92 de la Ley, pero eso no ocurrió. Villavicencio tachó de «ilegal» que Saquicela pretenda resolver este tema con una mayoría simple.
«Se está vulnerando la Constitución, la Ley Orgánica y el informe vinculante del Procurador». ¿Si desconocen el informe motivado no aprobado de la Comisión, con qué informe motivado van a enjuiciar y destituir al presidente de la República? cuestionó Villavicencio.
Advirtió a los legisladores que esta decisión puede generar un marco de «gravísimas violaciones a la Constitución» y no descartó impulsar acciones internacionales si la «irresponsabilidad de los legisladores permite consumar este atropello», expresó.
Mireya Pazmiño (expulsada del movimiento Pachakutik) defendió la aplicación del artículo 142. Aseguró que este se activó después de que el informe de la Comisión no tuvo los votos para su aprobación, y por lo tanto es el Pleno de la Asamblea que debe decidir si continua o no el juicio. (SC)
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