Cortar contratos colectivos, eliminar puestos no esenciales y externalizar la administración son medidas más eficientes que la lucha contra los “sueldos dorados”. La Fiscal General debería ganar menos con la medida del Gobierno.
El Gobierno de Daniel Noboa ha anunciado una “lucha sin cuartel” contra los denominados “sueldos dorados”. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, emitió hace dos semanas un acuerdo ministerial para asegurar que ningún funcionario público gane más de los $5.072 mensuales del presidente de la República.
Rodrigo López, docente y miembro de la Escuela de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), consideró que el anuncio gubernamental debe leerse en clave electoral.
“Los politólogos se refieren al concepto de significante vacío, que es básicamente un anuncio con impacto; pero sin efectos reales. Si se aplicara a rajatabla lo que dice la ministra, se tendría que bajar el sueldo a funcionarios como la fiscal general, que gana $5.500; a los generales, que ganan hasta $5.300 y a jueces, en medio del conflicto armado interno”, puntualizó.
La ministra del Trabajo llegó a decir que han determinado que unos 50.000 funcionarios públicos ganan más que el presidente y que, poniendo límite a esto (es decir bajando ciertos sueldos), se podría ahorrar $20 millones al mes o más de $200 millones al año.
“Es muy difícil que se logre ese ahorro. Política y electoralmente suena bien que nadie gane más que el presidente. Existe un clamor para que el Estado reduzca gastos; pero, al mismo tiempo, estás condenando a la administración pública a que, en puestos de alta responsabilidad, no lleguen los mejores profesionales”, acotó López.
Es cierto que los sueldos públicos cuestan más de $10.000 millones al año, según el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2024; pero más allá de la cruzada contra los “sueldos dorados”, las soluciones de fondo para optimizar ese gasto van por otras vías.
Reducir puestos no esenciales
Hace casi un mes y medio, la USFQ determinó que se puede reducir el 30% de la nómina pública en puestos no esenciales, a través de suprimir partidas, comprar renuncias, desvincular contratos ocasionales, declarar en reestructuración algunas instituciones y prescindir de los nombramientos provisionales.
Todo esto generaría un ahorro de $442,7 millones al año sin tocar a policías, militares, educadores, médicos, enfermeras y profesionales de la salud.
El problema es que el país está inmerso en un ciclo electoral que hace que estas medidas, que siempre tienen un costo político, se dejen en la congeladora.
Sin embargo, con una optimización de este tipo se pueden conseguir muchos más recursos que con medidas como rebajas de sueldos.
Abusos en contratos colectivos
Antes de los “sueldos dorados”, los esfuerzos deben encaminarse a un análisis profundo sobre los costos y las condiciones de los contratos colectivos, sobre todo en las empresas públicas, pero también en los ministerios.
A través de esos contratos se han establecido beneficios en el sector público que no tiene ningún trabajador del sector privado, explicó Carlos Andrade, economista y consultor empresarial.
Mientras se transparentan y analizan las reales implicaciones de los contratos colectivos, se deberían tomar medidas para evitar más perjuicios al Estado.
En primer lugar, establecer una moratoria en la negociación de los contratos colectivos, es decir, que no se firme un solo contrato colectivo más en la administración pública hasta que se defina qué va a pasar con este tipo de mecanismo.
En segundo lugar, se debe prohibir la incorporación de nuevo personal a los contratos colectivos existentes.
El país debe tener claro cuánto realmente le cuestan los contratos colectivos y a partir de ahí tomar correctivos e incluso pensar en su desaparición del sector público.
López recalcó que los contratos colectivos parten de un error de concepto en el sector público ecuatoriano.
“Los contratos colectivos surgen como una defensa del trabajador cuando el empresario quiere abusar. Pero, en el sector público, la negociación es con un Estado garante de derechos que no va a ir en desmedro de sus propios trabajadores y no busca ganancias de capital, sino ganancias sociales”, explicó el economista de la USFQ.
Actualmente, se ven contratos colectivos como los de Petroecuador o Celec (Corporación Eléctrica del Ecuador), donde se asegura estabilidad laboral de entre 5 a 7 años, entre otros beneficios como bonos excesivos, que van en contra de toda eficiencia económica.
Delegar administración
Otra medida, que resultaría más efectiva que la lucha contra los “sueldos dorados”, sería la externalización o concesión de la administración de empresas públicas y otras dependencias, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El Estado ha demostrado que es un mal administrador de los recursos públicos, por lo que se puede delegar a privados para que administren, sin llegar a la privatización que está vetada constitucionalmente en los llamados sectores estratégicos.
Así, por ejemplo, en el sector petrolero, el ministro de Energía puede seguir dictando las políticas macro; pero un privado se encargaría de la parte operativa, estratégica y comercial de una empresa como Petroecuador; incluyendo el establecimiento de sueldos competitivos.
A la par, se debe llevar a cabo la eliminación de procesos burocráticos y trámites que, en muchos casos, solo existen para justificar la presencia de funcionarios públicos.
Si se toman estas dos medidas en conjunto, se lograría tener empresas con incentivos reales para generar utilidades y menos carga para el sector público. (JS)
Huecos en el sector público
-El contrato colectivo para 5.300 empleados de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) dejó un hueco patrimonial de $821 millones en esta institución. Esta es uno de los ejemplos del impacto negativo de los excesivos contratos colectivos.
– En 2023, ante los cuestionamientos sobre el perfil de los últimos gerentes designados para Petroecuador, el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, dijo que el sueldo de gerente de Petroecuador no alcanza «ni para los cigarrillos», por lo que ninguna persona con amplia experiencia profesional quiere aceptar ese cargo.
Esto en relación con que los $6.210 mensuales que se pagan no justifican las responsabilidades de gestionar una empresa con más de $20.000 millones en activos.
-En el sector público existen varios regímenes laborales: El Código de Trabajo (los que menos ganan); Ley Orgánica de Servicio Público; ley de empresas públicas; incluso, los Gobiernos locales tienen sus propias normas.
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