El martes 30 de enero de 2024, un Tribunal de la CNJ resolverá sobre un pedido de apelación a la sentencia de Walter Solis, exsecretario del Agua, en el régimen correísta.
El inicio de 2024 no jugó a favor del correísmo. En menos de 15 días exfuncionarios y militantes de ese régimen sufrieron tres derrotas en la administración de justicia del país.
Primero, un juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dispuso la localización y captura de Javier Córdova, exministro del correísmo, quien es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Córdova permanece prófugo, pero el 10 de enero de 2024, por orden del juez de la Sala de lo Penal de la CNJ, Marco Rodríguez, se dispuso que se oficie a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), su captura. La Policía está tras su rastro en Colombia y Estados Unidos.
Caso sobornos
Solo dos días después, el 12 de enero, un tribunal de Revisión de la CNJ, inadmitió un recurso de revisión a la sentencia del caso ‘Sobornos 2012-2016’, donde están condenados el expresidente de la República, Rafael Correa, su exvicepresidente, Jorge Glas, y varios exministros de ese régimen.
La sentencia por la trama de corrupción derivada del caso Sobornos quedó en firme cuando los jueces del tribunal de Revisión, Felipe Córdova, Luis Rivera y Byron Guillén, desecharon el recurso que fue planteado en octubre de 2023 por Ramiro Galarza, de la empresa Consermin; y Alberto Hidalgo, de la constructora Hidalgo & Hidalgo.
En la sentencia dictada por la CNJ, en abril de 2020, se condenó a Galarza a ocho años de prisión (a él le faltarían 4 años para cumplir la pena), y Alberto Hidalgo fue condenado a 2 años y 8 meses (él ya habría cumplido la condena).
Con la presentación de estos recursos, más allá de que los condenados guardaban esperanzas de que tenían procesalmente la razón, una admisión a trámite y un eventual fallo a favor hubiese significado que la sentencia podría haber quedado anulada para todos los procesados.
La sentencia del caso Sobornos está en firme para 20 condenados, entre ellos Rafael Correa, hoy prófugo en Bélgica; Jorge Glas, exvicepresidente; Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República; los exministros María de los Ángeles Duarte, Viviana Bonilla, Vinicio Alvarado, Walter Solís, entre otros.
Secuestro de Fernando Balda
El tercer revés para el correísmo se produjo el 22 de enero. Con el voto de mayoría, un tribunal de la Corte Nacional desechó -por no estar debidamente fundamentado- un recurso de casación interpuesto por la defensa de Pablo Romero Quezada, exsecretario de Inteligencia del régimen de Correa, y ratificó la sentencia a nueve años de prisión en su contra como autor del delito de secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en Bogotá (Colombia) el 13 de agosto de 2012.
Romero fue condenado a 9 años en agosto de 2020. Todavía tiene que cumplir una sentencia de 5 años más, pero permanece libre desde marzo de 2023 por un recurso de habeas corpus que le concedió el juez Jhon Rodríguez Mindiola.
Las autoridades judiciales desconocen su paradero. El recurso de casación es un método de impugnación extraordinario contra sentencias en firme de tribunales que han resuelto, primero, los recursos de apelación. (SC)
Walter Solis: Sobornos y Senagua
A las 12:30, del martes 30 de enero de 2024, el Tribunal de la CNJ integrado por los jueces Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Walter Macías reinstalará la audiencia de apelación a la sentencia en el Caso Senagua,
Wilson Toainga, fiscal subrogante pidió, en una audiencia del 22 de enero, que, a más de la condena de ocho años en contra del exsecretario nacional del Agua, Walter Solís, y de Marco R., excoordinador general Jurídico de Senagua, por el presunto delito de peculado, se investigue a otras personas que en 2021 fueron sobreseídas en este caso.
Desde 2021, Walter Solis, quien también tiene una sentencia en su contra por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, reside en México.
Según la teoría fiscal, entre 2012 y 2013, Solís y Marco R. habrían utilizado 8 130.626 dólares para el supuesto pago de un acta de mediación, que se no se habría llegado a concretar.
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