Fiscalía investiga la participación de Javier Córdova en el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Con base en 65 elementos de convicción, la fiscalía general del Estado (FGE), formuló hoy, 10 de enero de 2024, cargos contra Javier Córdova, exministro de Minería del gobierno del expresidente Rafael Correa, por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.
El juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez acogió la solicitud fiscal y dictó prisión preventiva contra el procesado y dispuso su localización y captura.
Para ello, se oficiará a la Interpol para que rastree su ubicación en Colombia y Estados Unidos.
Además, ordenó la retención del dinero que mantenga el procesado en las cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de transferir y enajenar bienes inmuebles y vehículos por un monto de $1’141.669.
En la presentación de los elementos de convicción, la fiscal Diana Salazar, relató que entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2018, Javier Córdova ocupó varios cargos públicos en calidad de ministro del Interior, de Recursos Naturales No renovables, y de Minería.
Según la teoría fiscal, durante ese periodo se habría producido un aumento patrimonial injustificado por parte del procesado a través de actividades financieras como el pago de valores por parte de terceras personas a través de dinero en efectivo, cheques y transferencias por supuestas relaciones comerciales, societarias y préstamos sin que los mismos contaran con justificación o respaldo documental.
Entre los elementos de convicción presentados se incluyó el informe de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, como parte del examen especial a las declaraciones patrimoniales juradas del procesado.
Además, versiones y el informe de análisis financiero, del cual se desprende que la suma de los ingresos recibidos en las cuentas del procesado por terceras personas es de $224.881, el valor cancelado en las tarjetas de crédito es de 809.858, más 166.476,85 (monto cancelado por vehículos cuya procedencia se desconoce), lo que da un total de $1’141.669, monto que correspondería al presunto enriquecimiento ilícito. La instrucción fiscal durará noventa días. (SC)