La consulta plantea incluir 16 áreas de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

ACTIVIDADES. La minería ilegal es uno de los problemas que se busca combatir con la consulta popular.
ACTIVIDADES. La minería ilegal es uno de los problemas que se busca combatir con la consulta popular.

Sugieren enmendar el artículo 405 de la Constitución. En el inciso que se refiere a los subsistemas de protección (estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado),  se busca agregar el de protección hídrica.

Crear un subsistema para la protección del agua. Este es el objetivo del Gobierno al haber incluido en su propuesta de consulta popular la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de acuerdo con el Anexo 7?.  En la legislación actual se no considera a las Áreas de Protección Hídrica como parte del SNAP.

La enmienda permitiría que 16 áreas localizadas, principalmente en Imbabura, Sucumbíos, Morona, Azuay o Esmeraldas pasen a formar parte del Sistema Nacional. “El agua se expone a actividades criminales y de minería ilegal, de oro principalmente”, se explica en uno de los anexos de esta pregunta.

Karen Sichel, secretaría jurídica de la Presidencia de la República, explicó que las áreas de protección hídrica no cuentan con financiamiento  ni público, ni privado,  ni con un modelo  de administración. Tampoco pertenecen a una estructura centralizada. Con la enmienda que se propone tendrán protección si es que en la Constitución son reconocidas como subsistemas.

“Hay que tomar medidas de protección para los recursos hídricos; para el consumo humano, para la soberanía alimentaria”, señaló.

Es por eso que se sugiere enmendar el artículo 405 de la Constitución. En el inciso que se refiere a los subsistemas de protección (estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado), se busca agregar el de protección hídrica. Si las áreas de protección  hídrica no forman parte de un subsistema,  el Estado pierde la capacidad de protección.

“A los  constituyentes de Montecristi -de 2008-  le encantaba crear derechos, pero no crearon estructuras que le den operatividad”, alertó Sichel.

La posibilidad de incorporar una enmienda constitucional para la creación de un subsistema de protección hídrica, tiene un relativo respaldo en la población.

La última encuesta de Cedatos, realizada entre el 14 y 17 de septiembre de 2022,  registró un apoyo  del 75,6% a esta pregunta. (SC)