El Gobierno prepara una reunión con los jefes de bancada de la Asamblea Nacional para recoger sus criterios.
La consulta popular planteada por el Gobierno de Guillermo Lasso -que está bajo análisis de los jueces de la Corte Constitucional (CC) desde el 12 de septiembre de 2022- podría ser el primer golpe que tendrá la Constitución de 2008 aprobada por el correísmo en una Asamblea Constituyente en Montecristi (Manabí).
Con su propuesta, el Ejecutivo no busca modificar el orden constituido. Aunque se apunta al fortalecimiento de las instituciones, en el planteamiento también se consideró que existen entidades que “son insostenibles” y requieren de cambios estructurales.
Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República, mencionó, por ejemplo, el caso de la Asamblea Nacional que en la pregunta 4 ( de ser aprobada por la Corte Constitucional) dice “¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior?”.
Con esta pregunta -señaló Sichel- se reduce el número de asambleístas, pero lo que más hace, en el fondo, para la calidad de la democracia es que mejora la proporcionalidad y la representatividad. La funcionaria expuso que en 23 países hay evidencia de que esta fórmula mejora la representatividad lo que, además, lleva al aumento de la credibilidad.
En una de las transitorias de esta pregunta consta el concepto de elecciones anticipadas. Pero Sichel aclaró que este tema se mantuvo “por responsabilidad”, pero aseguró que de ninguna forma se intenta anticipar “bajo ningún concepto” la muerte cruzada,. Sin embargo, puntualizó que se tiene que entender que esa es una posibilidad constitucional.
El Gobierno prepara una reunión con los jefes de bancada de la Asamblea Nacional para recoger sus criterios.
‘La joya de la corona’
Para Karen Sichel, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) también amerita una modificación constitucional-estructural.
“Por eso es que la enmienda no puede esperar más; la propuesta es tan firme que se puede desprender de cualquier oportunismo político y se sostiene por sí sola”.
Por ello resaltó haber incluido la pregunta ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS y a sus consejeros, enmendando la Constitución?.
Sichel puntualizó que el Cpccs, fue la joya de la corona del régimen correísta, para implementar un modelo de control que no existe en ningún país del mundo. “Se hizo un análisis del Consejo sin poder compararlo con ningún otro Estado porque no existe un modelo similar”, alertó.
Afirmó que esta institución fue creada por “maestros del marketing” que equivale al denominado “consejo moral” instaurado por el régimen venezolano.
“Pusieron nombres muy bonitos a instituciones que concentran el poder”, señaló. Para la funcionaria, esta es una crítica importante para la Asamblea constituyente de Montecristi; en un proyecto fallido porque se quería crear la ilusión de que esta era una institucionalidad desconcentrada y ciudadana. “Nosotros no criticamos un proyecto político, sino la evidencia; y lo que el Gobierno propone es un tema técnico”.
Aparato de control
Arturo Moscoso,director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), y profesor de Ciencia Política en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), opinó que la consulta popular le “quitaría los dientes al Cpccs”, una de las funciones más cuestionadas y que le sirvió al correísmo para tener el control de la Contraloría, la Fiscalía, las Superintendencias, entre otras instituciones.
Justamente, por eso los correistas están planteando en la Corte Constitucional los recursos de amicus curiae (amigos de la Corte), para buscar defender sus espacios de poder. Para ellos, fue tan importante el Cpccs, pues con este organismo controlaron las funciones del Estado.
Desde el próximo lunes 26 de septiembre, LA HORA publicará una serie de artículos donde se dejará en evidencia, pregunta por pregunta, las trampas (del correísmo) y lo que se busca subsanar con la propuesta de consulta popular del presidente de la República, Guillermo Lasso. (SC)
El control de la Corte Constitucional a la consulta
La Corte Constitucional efectúa siempre controles previos a las consultas populares, sin embargo, dependiendo del tipo de consulta, este control es diferente:
Control previo de vía: cabe solamente respecto del referéndum constitucional. Lo que busca la Corte en este caso es determinar la vía de modificación constitucional: enmienda, reforma o asamblea constituyente.
El Presidente ha enviado ocho preguntas de enmienda constitucional; no ha enviado todavía preguntas respecto de referéndum legal o plebiscito aunque podría hacerlo, como declaró la semana pasada Francisco Jiménez, ministro de Gobierno.
El receso legislativo de 15 días termina el próximo martes.