Ecuador ha firmado 22 acuerdos con el FMI (la mayoría incumplidos), pero ahora se encamina al acuerdo número 23. ¿Qué implica la nueva negociación? ¿Cuánto dinero se espera obtener?
El Gobierno de Daniel Noboa ha anunciado que espera cerrar un nuevo acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en dos o tres meses.
En este contexto, a continuación se detallan las principales pistas sobre ese nuevo acuerdo, en términos del monto que se podría conseguir, las condiciones, entre otros:
1.- El Gobierno de Noboa aspira a que el FMI le entregue créditos por al menos $3.000 millones. Esos créditos no llegaría en un solo desembolso en 2024; sino que se repartirían en varios desembolsos, atados al cumplimiento de compromisos, entre al menos 2024, 2025 y 2026.
2.- Todo apunta que se estaría negociando, en primera instancia, un programa de crédito de tipo Servicio Ampliado, o SAF (por sus siglas en inglés).
Este programa proporciona asistencia financiera a los «países que afrontan graves problemas de balanza de pagos a mediano plazo debido a deficiencias estructurales que tardarán tiempo en resolverse»
Se supone que el financiamiento debe servir para que los países lleven a cabo reformas estructurales a mediano plazo.
Los desembolsos están supeditados a la observancia de criterios de ejecución cuantitativos, es decir, al cumplimiento de medidas cuantificables
El FMI realiza exámenes periódicos de los avances y cumplimientos. El Directorio Ejecutivo del FMI evalúa el desempeño del programa y puede adaptarlo en función de la evolución económica.
El Servicio Ampliado suele aprobarse por períodos de tres años, pero también pueden aprobarse por períodos de hasta cuatro años, a fin de implementar reformas estructurales profundas y duraderas.
Los préstamos recibidos deberán pagarse en un plazo de entre 4 años y medio y 10 años, con pagos en 12 cuotas semestrales iguales.
3.- Cuando se firma un acuerdo de Servicio Ampliado, el país beneficiario (en este caso Ecuador) debe presentar una carta de intención al FMI.
Una carta de intención es un documento formal en el que un país se compromete a seguir ciertas políticas económicas y financieras acordadas con el FMI.
Al contario de la creencia popular, la carta de intención elaborada y propuesta por las autoridades del país que busca financiamiento; y no es una imposición del FMI.
Entre las principales medidas que suelen incluir las cartas de intención están las siguientes:
–Reducción de subsidios: El país se compromete a acelerar la reducción de los subsidios a la energía y el transporte. Los precios pagados por los consumidores para estos servicios aumentarán gradualmente.
Sin embargo, todavía no existe un plan para concretar esto. En la negociación con el FMI, sí se debería presentar ese plan con metas y fechas de implementación claras
–Empleo público: Se evitará renovar cargos en puestos no prioritarios y se congelarán las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años. Además, se eliminarán las posiciones redundantes para reducir el gasto en personal.
Estos son dos de las metas clásicas en el tema de control del gasto público, sobre todo en temas de nómina. Sin embargo, en el Presupuesto de 2024, que el Gobierno envió recientemente en la Asamblea, no existe cambios estructurales en términos de nómina ni de subsidios.
Podría ser que se negocie un ajuste fiscal progresivo desde 2025, probablemente luego de que se concrete la reelección de Noboa para cuatro años más.
–Obra pública: Se pospondrán proyectos de obra pública no esenciales para dinamizar la competitividad. También se reducirán las transferencias asociadas al déficit operativo de empresas públicas no relacionadas con las tarifas de servicios públicos.
El problema de las empresas públicas es complejo. Siete cerraron con pérdidas en 2023; pero el Gobierno no ha presentado un plan para reestructurar el gasto.
–Reforma tributaria: Normalmente, la reforma tributaria que impulse el FMI tiene dos componentes. En primer lugar, un aumento permanente en los ingresos. Esto ya estaría cumplido, aún antes de la firma del acuerdo, con la subida del IVA hasta el 15%.
En segundo lugar, el FMI también suele impulsar la eliminación de impuestos distorsivos que afectan la producción y la competitividad. En este aspecto, el Gobierno de Noboa no ha avanzado nada, a pesar de que ya se han aprobado varias leyes económicas urgentes.
–Transferencias a Gobiernos locales: Se reducirán las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos. El objetivo es lograr equilibrio fiscal en las provincias.
En el caso del Ecuador, el problemas es complejo porque las transferencias a los Gobiernos locales están blindadas como preasignaciones (21% de la recaudación de impuestos y 10% de los ingresos petroleros). Además, existen varias leyes que obligan a asignaciones a los Gobiernos locales; pero sin la contraparte de la calidad del gasto.
En este punto, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, ha dicho que se buscará que los créditos desde Banco de Desarrollo del Ecuador tengan como contraprestación mejores prácticas presupuestarias de municipios y prefecturas.
Existen propuestas desde la academia para reducir el gasto en los Gobiernos locales; pero habrá que esperar a cómo se negocia este punto con el FMI.
–Programas sociales: En los últimos años, el FMI ha puesto énfasis en que se incremente la cobertura y la calidad del gasto social. Esto involucra los bonos y ayudas directas.
-Reformas estructurales: Dentro del acuerdo, sin que necesariamente sean temas mandatorios o inmediatos, también se puede incluir reformas estructurales que, en el caso de Ecuador, estaría relacionadas con, por ejemplo, el tema del trabajo por horas (incluidos en la consulta popular) y la reforma al IESS (tanto pensiones como fondo de salud).
4.- A la par del Servicio Ampliado, Ecuador podría aplicar a un programa de Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF por sus siglas en inglés).
Este programa permite desembolso de hasta $1.000 millones; siempre y cuando un país ya esté con un acuerdo de financiamiento en marcha con el FMI. La duración mínima es de 18 meses y complementa al programa principal.
Los pagos podrían darse hasta un plazo de 20 años, con un período de gracia de 10 años y medio durante el cual no se reembolsa el capital.
Ecuador podría optar por una combinación del Servicio Ampliado y el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad para llevar a los $3.000 millones de desembolsos del FMI
5.- Ecuador ya lleva firmados 22 acuerdos con el FMI. La mayoría no se culminaron, es decir, quedaron a medias. En los últimos 30 años, los acuerdos que se cerraron exitosamente fueron los firmados durante el Gobierno de Gustavo Noboa y el más reciente firmado por Lenin Moreno en 2020; pero renegociado por Guillermo Lasso en 2021 y cerrado en 2022.
En el último acuerdo, Ecuador recibió, entre 2020 y 2022, un financiamiento extraordinario de $6.500 millones
Sin embargo, los problemas estructurales, como el alto déficit fiscal, siguen sin resolverse. Esto se debe en gran medida a que varias de las reformas estructurales que se tomaron en un momento; luego se desmontaron.
Esto incluye el sistema de bandas para ir eliminando el subsidio a los combustibles y la reforma que aumentaba el pago de impuesto a la renta de los que gana más de $2.000 al mes, entre otros temas.
Tampoco se ha avanzado en la auditoría de los balances de Petroecuador.
6.- Deuda nueva por deuda vieja: El dinero que se obtenga a través de nuevos créditos del FMI ($3.000 millones según la expectativa) podría ir a pagar los vencimientos de dudas anteriores que el mismo multilateral dio al Ecuador.
Se prevén pagos importantes, por alrededor de $3.000 millones, por vencimiento de deudas con el FMI hasta 2027.
Así, lo que se haría es un cambio de deuda vieja por una nueva. (JS)