El presidente Lasso ordenó liquidar la empresa, pero el monopolio en la contratación pública causó un gran perjuicio. Se necesita una auditoría forense.
Hasta el año 2007, de un total de 40 compañías, Seguros Sucre tenía una participación de apenas el 1,82% en el mercado y ocupaba el puesto 22 en el ranking por prima neta pagada. Desde 2008, con Rafael Correa como presidente de la República, esa empresa se convirtió en un monopolio para el aseguramiento dentro de todo el sector público.
El primer paso fue entregarle las pólizas de todos los vehículos y los contratos de 170 dependencias estatales.
En 2009 se estableció, a través del oficio Circular No. T.4258-SGJ-09-943, la obligación de que las entidades públicas contrataran de forma directa con Seguros Sucre. Las contrataciones comenzaron a hacerse sin concurso, bajo la figura del llamado régimen especial.
Así, hasta mediados de 2019, esa compañía acumuló $1.141,6 millones en contratos, lo que equivalía al 77% del pastel del negocio de seguros.
Un estudio realizado entre el Servicio Nacional de Contratación (Sercop) y el Banco Mundial (BM) reveló que a nivel general se abusó de la contratación bajo la figura de régimen especial o contratación directa.
Como consecuencia, los precios obtenidos mediante este mecanismo fueron, en promedio, dos veces más caros. De la comparación entre precios contratados con régimen especial y régimen común, se concluyó que, si entraban a competencia, el país se habría evitado pagar $1.400 millones.
Según la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador (Acose), las contrataciones irregulares con Seguros Sucre costaron al país $40 millones al año; es decir, alrededor de $480 millones hasta 2019.
Sin embargo, en esa cifra no se incluyen pérdidas por sobornos y otros actos de corrupción que vinieron de la mano de los contratos a dedo.
Según el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, la decisión de liquidar Seguros Sucre, decretada el 15 de junio 2021 por Guillermo Lasso, debe ir acompañada de una auditoría forense a todos los contratos y procesos.
El objetivo sería determinar el monto total del perjuicio al país, el cual podría estar entre $800 millones y $1.000 millones.
Los que más contrataron
En el último año y medio del Gobierno de Lenín Moreno, el peso de Seguros Sucre se redujo en más de la mitad. Sin embargo, siguió manteniendo, a pesar de las irregularidades y cuestionamientos, pólizas con instituciones públicas grandes como Petroecuador.
La lista de los mayores contratantes con esa empresa lo encabeza el ministerio de Defensa, con un monto de más de $163 millones; seguido por Petroecuador con más de $130 millones; y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) con más de $123 millones.
Hasta 2019, Seguros Sucre mantenía pólizas con otras dependencias públicas como la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel), Tame, IESS, Emmaps Quito, Empresa Eléctrica Quito, entre otras. (JS)
DATO.- Actualmente, el régimen especial representa el 24% de la contratación pública; mientras el régimen común llega al 70%.