Moradores del sector La Esperanza y los vecinos de la quebrada Carretas exigen acción de las autoridades desde hace mucho tiempo.
En Quito los riesgos no solo están en la quebrada El Tejado, en donde ocurrió el aluvión el 31 de enero, y no es la primera vez que se habla de esto. El 14 de enero de 2022, el colectivo ‘Luchando por las Quebradas’, conformado por afectados de los taludes, se concentró en los exteriores de la Corte Constitucional y exigió acciones por las casas que se encuentran en peligro.
Y es que moradores del sector de La Esperanza, en la cuenca del río Monjas en el norte de Quito, dicen temer que una tragedia así los afecte. Aseguran que se han adelantado a pedir soluciones y que “ninguna administración les ha hecho caso”, pese a que en 2021, el presupuesto para la ejecución del plan de lluvias, que contempla el manejo de quebradas, tuvo un fondo de $13 millones.
“Para obras de prevención y mitigación, al fondo de emergencia e intervención con maquinaria se destinarán $1,4 millones”, detallaba un comunicado de la Alcaldía de ese entonces, con Jorge Yunda a la cabeza.
“¿Cuál es la acción? Venir después cuando ya ha pasado todo. Ni siquiera sabemos si vamos a poder levantar aquí de nuevo nuestras casas o a dónde ir”, dice Olga Chamorro, moradora de La Gasca.
Reclamos sin soluciones
En 2021, tampoco se vio un plan de prevención en la quebrada Carretas, en Carapungo. En octubre de ese año, 100 predios se afectaron tras las lluvias y el deslizamiento de tierra. Estefanía Pabón, presidenta del colectivo ‘Quebrada Carretas en peligro’, dice que han tenido una lucha de años por soluciones.
LA HORA solicitó a la Secretaría de Seguridad información para conocer cuál es el presupuesto de emergencia actual, así como los demás puntos de emergencia por lluvias; hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Sin embargo, durante un recorrido, Daniela Valarezo, secretaria de Seguridad, dijo que están desarrollando un plan de acción.
Además, un informe de la Secretaría de Seguridad (2022) detalla que la pandemia de COVID-19 y el constante cambio de autoridades municipales (pugna Yunda-Guarderas) han frenado las acciones para la remediación de los puntos críticos.
¿Qué hacer ahora?
Cristopher Velasco, presidente de la Asociaciòn de Profesionales en Gestión de Riesgos del Ecuador, dice que hay tres campos para dar soluciones definitivas. Por ejemplo, una ley de gestión de riesgos que regule la responsabilidades del Gobierno central o seccional. El proyecto se presentó hace 14 años. “Ahí es complicado saber qué hacer y hay una falencia de tema jurídico”.
Además, Ecuador no tiene una política de seguros de viviendas. “Esas son las prioridades como política pública”. Hay que además fortalecer la prevención con la comunidad durante un evento súbito, principalmente en zonas de riesgo “la familia debe saber dónde encontrarse durante estos eventos como los de la Gasca”, dice Velasco. (AVV)
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