El proyecto de ordenanza de remisión de intereses, multas y recargos que se han acumulado desde 2018 fue a primer debate. Los ediles buscan recuperar ese dinero o, al menos, una parte.
El Concejo Metropolitano de Quito realizó el primer debate sobre la ordenanza de remisión de intereses, multas y recargos de las obligaciones tributarias que tienen los quiteños y que suman un total de $681,9 millones y que se arrastran desde 2018. El tratamiento de la normativa se hace en respuesta a la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, enviada a la Asamblea por el presidente Daniel Noboa y aprobada en diciembre.
En la ordenanza se planea la remisión de los intereses, multas y recargos de las obligaciones tributarias. mientras que las obligaciones no tributarias se mantendrían igual.
La aprobación de la ordenanza no supone la condonación de las deudas en sí, ya que los contribuyentes siguen obligados a pagar el monto total de los impuestos, tasas y contribuciones.
El objetivo principal es dar facilidades a quienes por diversas razones no han podido cumplir con sus obligaciones fiscales. Dichas personas accederán a incentivos para que regularicen su situación y estén al día con el Municipio.
La norma también busca garantizar un ingreso adicional al Municipio, especialmente cuando el Gobierno Central enfrenta desafíos para cumplir con sus obligaciones, explicó Christian Cruz, administrador general del Municipio.
Las obligaciones tributarias acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2023 se podrán pagar en su totalidad o parcialmente hasta el 26 de julio de 2024, dice el proyecto de ordenanza.
Una gran cifra
La deuda, que asciende a $681,9 millones, abarca obligaciones tributarias y no tributarias.
En las tributarias el total es de $468,9 millones. De los cuales el 96,4% ($451 millones) corresponden a obligaciones pendientes en tres rubros principales: impuesto predial, contribución especial de mejoras y patentes.
De los $451 millones, $227 millones se encuentran en un plazo de prescripción. La deuda no prescrita alcanza los $172,4 millones, representando la cantidad que el Municipio tiene mayor capacidad de recuperar.
Según información oficial, la cartera objetiva del Municipio establece metas de recaudación, siendo el 10% equivalente a $17 millones, el 20% a $34,4 millones, el 30% a $51,7 millones y el 40%, que es la cifra esperada, a $68,9 millones.
Coactivas para evasores
El concejal Bernardo Abad informó a LA HORA que presentó una propuesta para fortalecer la recaudación de impuestos en el Municipio. La iniciativa, que se espera sea considerada en el segundo debate, sugiere medidas de coactiva para aquellos contribuyentes que teniendo la capacidad económica, se nieguen a cumplir con sus obligaciones fiscales, especialmente en lo que respecta al impuesto predial.
Según Abad, su propuesta busca abordar la problemática de quienes, a pesar de contar con bienes y propiedades, eluden el pago de impuestos municipales.
Este proceso implicaría la obligación de pago por parte del contribuyente reticente. En caso de persistir en la negativa de pago, se contempla la posibilidad de retener sus bienes y llevar a cabo un proceso de remate.
El concejal destacó la importancia de esta medida para garantizar la equidad en la contribución fiscal y asegurar que todos los ciudadanos cumplan con sus responsabilidades tributarias.
También habló sobre la propuesta del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien planteó una enmienda a la ordenanza, sugiriendo que las personas que hayan iniciado algún proceso de acción legal de protección contra el Municipio no sean incluidas en las medidas de remisión hasta que desistan de dicha acción legal.
Incentivos tributarios
El concejal Andrés Campaña destacó que aunque muchos quiteños creen que sus deudas podrían considerarse prescritas, estas requieren un trámite específico.
Sin embargo, Campaña señaló problemas estructurales en la capacidad del Municipio para recuperar esos fondos.
Cuestionó la eficiencia de la Dirección de Coactiva, responsable de la recuperación de estos montos, señalando como posible causa la “falta de personal comprometido”.
El concejal también expresó su preocupación por la ausencia de información sobre los mayores deudores. Cree que esto debe transparentarse para “presionarlos socialmente” al obtener datos actualizados y que estos montos se destinen adecuadamente a obras y servicios para la ciudad.
Campaña también compartió la propuesta de establecer incentivos tributarios en lugar de condonaciones, especialmente para sectores afectados por la crisis.
En cambio, a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias, recordó, existe una disminución del 50% de la LUAE turística o de la patente, en beneficio de los sectores que han sido más afectados de medio de esta crisis, que son hoteles, bares, restaurantes, discotecas, y que al final son importantes sectores de la ciudad, que generan nada menos que 40.000 empleos directos y 170.000 empleos indirectos. (EC)
$451 millones deben los quiteños en impuestos tributarios.
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