Delegados del ministerio de Finanzas, de la Judicatura y la Senplades elaboraron un informe técnico sobre los requerimientos de la Función Judicial y su financiamiento.
Al Consejo de la Judicatura (CJ) y al ministerio de Finanzas se les terminó el plazo de 30 días que les dio la jueza de la Unidad de la Familia de Pichincha, Cecilia Pareja para que, a través de mesas técnicas generen una solución presupuestaria que garantice el ejercicio de la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia).
El 21 de junio, delegados de estas instituciones pusieron fin a los debates en la cuarta mesa técnica, y acordaron entregar hoy, 22 de junio de 2023, a la secretaria nacional de Planificación (Senplades) un informe con un paquete de proyectos que deberán ser priorizados.
En el documento se deberá incluir el monto que se requerirá para atender las necesidades de la función judicial.
Álvaro Galarza, asesor jurídico del ministerio de Finanzas, no descartó que el financiamiento para los proyectos que sean aprobados por la Senplades tengan que subsanarse o solventarse con deuda o créditos del exterior por tratarse de proyectos de inversión.
Explicó que una vez que la Secretaría de Planificación establezca las prioridades de proyectos de inversión en las áreas de talento humano, tecnología y bienes, se trabajará en un cronograma de ejecución para, sobre esa base entregar los desembolsos para cada uno.
Galarza aclaró para esta nueva etapa no hay plazo. Dependerá de los procesos internos de la Senplades para conocer cuándo se podrían entregar los recursos. “Los 30 días que dio la jueza solo fue para entregar el informe a la Senplades”, subrayó. (SC)
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