Este 21 de abril de 2023, se resolvió la Acción de Protección, presentada Wilman Terán que buscaba el cumplimiento de los derechos de los usuarios y servidores de la Función Judicial.
Cecilia Pareja, jueza de la Unidad de la Familia de Pichincha, declaró la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los usuarios del sistema-que implica un óptimo acceso a la justicia con garantías para la sustanciación y ejecución de las resoluciones- por la falta de un presupuesto óptimo para el sistema de justicia.
En la audiencia virtual convocada este 21 de abril de 2023, la jueza aceptó parcialmente la demanda de Terán y dispuso que el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Finanzas, en un plazo de 30 días y a través de mesas técnicas, generen una solución presupuestaria que garantice el ejercicio de la tutela judicial efectiva.
La Judicatura reclama que en los últimos diez años se ha realizado un recorte presupuestario a la Función Judicial de aproximadamente 268 millones de dólares.
El ministerio de Finanzas, la Judicatura y la Secretaría de Planificación definirán los proyectos que deberán priorizarse y en el plazo establecido, presentar un informe técnico para que tengan el financiamiento respectivo.
La jueza concluyó que al Ministerio de Finanzas le compete asignar recursos según la proforma presupuestaria solicitada y aprobada para que se pueda cumplir con las funciones determinadas por cada institución.
«El ministerio de Economía y Finanzas, al ejercer esta competencia debe realizarlo, también, con una visión garantista de derechos humanos ya que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicias, sin embargo, se evidencia que la actuación de la referida cartera de Estado es discrecional».
Añadió que esta discrecionalidad no puede ser ejercida de manera arbitraria, por lo que la modificación que realice al presupuesto debe tener un sustento técnico normativo suficiente que no soslaye el ejercicio de los derechos constitucionales.
Exhortó al ministerio de Finanzas que dé cumplimiento a la Constitución y considere los presupuestos que presente el CJ en base a la población actual y en estándar internacional necesario para garantizar de manera óptima el derecho constitucional de la tutela judicial, recordando que la asignación de recursos económicos para la justicia es prioritaria conforme lo establece el artículo 286 de Código Orgánico General de Procesos.
La Defensoría del Pueblo deberá actuar en el proceso con el propósito de que se garantice el cumplimiento de la sentencia de la jueza.
CONTRIBUIRÁ A LA PROTECCIÓN DE DERECHOS
El Consejo de la Judicatura opinó que la decisión adoptada por la justicia contribuirá a la protección de los derechos de los trabajadores, servidores judiciales que esperan por su jubilación, grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños y adolescentes y de la sociedad en general.
Durante la audiencia, ratificó que desde 2013, la Función Judicial no ha contado con el presupuesto óptimo para garantizar a los ciudadanos a un servicio judicial eficiente. Se evidenció que factores como la asignación tardía de los recursos por parte del Ministerio de Finanzas y los trámites burocráticos impuestos por esa cartera de Estado, afectan la capacidad de gestión del Consejo de la Judicatura y genera problemas como la demora en la tramitación de los procesos judiciales.
El Consejo de la Judicatura espera que el trabajo de las mesas técnicas permita resolver problemas como la falta de talento humano, la falta de mantenimiento de la infraestructura judicial, la escasez de insumos para las unidades judiciales, etc. De esta forma se asegurará, creen en ese organismo, el acceso de las y los ecuatorianos al servicio de justicia. (SC)
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