Los pedidos contra la consulta popular ya llegaron a la Corte Constitucional. El correísmo tiene, hasta el momento, tres recursos.
A los jueces de la Corte Constitucional (CC), eventualmente, el tiempo les quedaría corto para pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de las ocho preguntas para el referendo que el Gobierno de Guillermo Lasso envió al organismo el 12 de septiembre de 2022.
Al despacho de Alejandra Cárdenas, jueza sustanciadora, empiezan a llegar recursos de “amicus curiae” (amigo de la Corte) que permiten que terceros ajenos a un proceso ofrezcan opiniones de trascendencia para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial, justificando su interés en su resolución final. Con este recurso también se pueden aportar elementos para que el magistrado tome una decisión.
Uno de ellos fue planteado por Fausto Jarrín, exasambleísta por el movimiento Unión por la Esperanza (UNES), y exabogado del expresidente Rafael Correa sentenciado a ocho años de prisión dentro del caso de corrupción ‘Sobornos 2012-2016’.
El martes 20 de septiembre de 2022, Jarrín presentó, a título personal, este recurso sobre las ocho preguntas “pero no necesariamente se puede decir que es contra; es para poder dar mi opinión respecto de este cuestionario” que sugiere el régimen para un referendo, dijo.
En una audiencia que convoque el juez para conocer los “amicus curiae” el Gobierno también deberá plantear sus argumentos de defensa de los textos presentados.
‘Falla técnica’
Desde la Función Ejecutiva se desestimaron estas acciones. Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República, calificó como una “falla técnica gravísima” y de “desconocimiento fatal” de lo que es un “amicus curiae”, porque quien plantea “este recurso no pide (nada) a la Corte”; simplemente da una opinión técnica en derecho.
La funcionaria dijo que los jueces deberán evaluar estos pedidos y todos los puntos de vista y “tendrá que hacer un análisis con “estos amigos de la Corte” que tratan de guiarle en su decisión, tomando en cuenta que muchos de estos han sido presentados con una connotación política importante”, señaló.
Sichel espera que esos “amicus” se hayan formulado con la misma responsabilidad con la cual se han presentado las enmiendas propuestas. “Además, los amicus curiae no son vinculantes”, recordó.
‘Mecanismo inadecuado’
Fausto Jarrín resumió su argumentación a la Corte en dos posturas específicas: muchas de las preguntas, a su criterio, estarían utilizando un mecanismo inadecuado pues no se habla de reforma parcial, ni de asamblea constituyente y “hay preguntas que deberían ser materia de ese tratamiento y no de una consulta popular o referendo”, dijo
También plantea que al menos la mitad de las preguntas y su procedibilidad ya habrían sido tratadas y conocidas por la Corte en otras decisiones y que “parece que el Gobierno no ha leído”, expuso.
Mencionó por ejemplo la pregunta que busca reducir el número de asambleístas, o la de eliminar la competencia para designar autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que, según dijo, ya han sido resueltas y el Gobierno insiste en el mecanismo que la Corte ya estableció en el sentido de que no son los idóneos.
“En ambos casos, la Corte ya dijo que para estos temas se requiere de una reforma parcial”. Jarrín opinó que lo que el Gobierno debería hacer es preparar la reforma parcial, acudir a la Asamblea, y luego ir al plebiscito. “La ley establece cómo hacerlo, pero el Gobierno pone trabas a su misma idea porque está implementando mecanismos inadecuados”, opinó.
Ricardo Ulcuango, y Paola Cabezas, asambleístas de UNES, también plantearon en la Corte un recurso similar. “Mi compromiso y deber cívico de la bancada, será rechazar tamaña osadía regresiva y atentatoria a los derechos de los ecuatorianos”, expresó el legislador en un comunicado que publicó en sus redes sociales.
David Rosero, vocal del Cpccs anunció que ultima los detalles de la presentación de un “amicus curiae” en la Corte. Dijo que la pregunta sobre el Consejo de Participación es restrictiva de derechos y afecta la independencia de poderes “porque se le da la atribución al presidente de la República para que designe a dedo las autoridades de control:; a quien se le debe controlar se vuelve controlador”, señaló Rosero. La presentación del recurso se concretará en los próximos días.
La Fiscalía General del Estado (FGE) también presentó un “amicus curiae” ante la pregunta ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal. (SC)
Los plazos de la Corte
El artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional da a la CC 20 días hábiles para emitir un dictamen de constitucionalidad. En este caso de las ocho preguntas del plebiscito planteado por Lasso.
En el mismo artículo también está determinado que si la Corte no resolviera sobre los considerandos y el cuestionario del referendo, dentro del término de 20 días de haber iniciado el respectivo control previo (desde que el juez ponente avoca conocimiento) se entenderá que ha emitido un dictamen favorable.
Sin embargo, Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), explicó que la presentación de los “amicus curiae” no alterarán los plazos de los 20 días dispuesto en la ley porque son recursos que forman parte del proceso. “Son la escucha de criterios técnicos por parte de la ciudadanía. No tendría ningún sentido que todos quieran presentar el amicus y la Corte tenga que demorarse un año; la Corte está en todo su derecho de negarlo”,. aclaró..
El objetivo del amicus es que la Corte pueda o quiera recibir criterios técnicos que quizá no los tiene claros para mejorar su dictamen; pero no tiene carácter vinculante. “El amicus es para mejorar la sentencia, pero no tiene efecto procesal”, insistió Celi.
Fausto Jarrín opinó que el movimiento UNES como organización política también debería plantear un recurso similar, y los asambleístas que son directamente afectados.-