En enero de 2024, el CNE observó a Construye por no presentar un informe económico del ejercicio fiscal 2022, y remitió el expediente al TCE. El trámite fue sustanciado por el juez Ángel Torres. Construye anuncia que apelará el fallo del juez.
El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres acogió la denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en contra del Movimiento Construye, Lista 25, y le sancionó con la cancelación del Registro de Organizaciones Políticas.
Torres dispuso al CNE dar cumplimiento a las disposiciones relativas sobre la cancelación de las organizaciones en lo que corresponde a sus activos y pasivos y notificar. La ejecución de la resolución deberá ser comunicada al juez en el plazo máximo de 30 días.
Dispuso además que a través de la secretaria general del TCE, el expediente se remita a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado para que se realice el análisis correspondiente a los ingresos y egresos de Construye durante el 2022.
María Paula Romo anticipó una «disolución ilegal»
Pocas horas antes de que el juez del TCE, emita su fallo, María Paula Romo, líder del Movimiento Construye, anticipó en sus redes sociales que el «Gobierno presiona al TCE (Tribunal Contencioso Electoral) para la disolución ilegal del movimiento”.
En enero de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) observó a Construye por no presentar un informe económico del ejercicio fiscal 2022, y envió el expediente al Tribunal Contencioso Electoral.
El asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, ratificó la versión de Romo de que tienen información “que existen presiones de ciertos sectores del gobierno para que nos sancionen”.
Peñafiel aclaró que la sanción no debería ser la cancelación o extinción del movimiento.
“El CNE pidió en el proceso que (el TCE) nos cancele, pero la sanción que deberíamos recibir es una multa administrativa muy simple por la no presentación del informe que, si bien se presentó un poco tarde, finalmente se presentó”, aseguró.
Peñafiel justificó la tardanza en la entrega del informe económico de 2022 porque en este momento, el Movimiento no tenía capacidad económica de presentarlo porque (contratar) un contador para realizar los balances cuesta. Pero el informe se terminó de entregar, insistió.
“El presidente (Daniel Noboa) ya nos amenazó públicamente hace semanas sugiriendo nuestra desaparición; y ahora -sin causa prevista en la ley- pretenden eliminar y silenciar a un movimiento crítico de su gestión y que obtuvo la segunda votación más alta en el legislativo”, publicó María Paula Romo en su red social.
Agregó que, le resulta difícil creer que un juez electoral se preste para esto, pero señaló que, esperarán que la apelación sea conocida por «funcionarios probos».
Romo, incluso anticipó que activarán todos los mecanismos legales nacionales e internacionales para denunciar la “arbitrariedad” y asegurar la presencia del Movimiento en la papeleta del 2025 y en la vida política nacional. (SC)
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