La justicia indígena está amparada por la Constitución, pero debe cumplir con un proceso de cinco pasos ¿Cuáles son los límites? ¿Avala la condena de muerte?
La Constitución del 2008 implementó, en el capítulo cuarto, un apartado que habla sobre la Función Judicial y justicia indígena. En el artículo 171 se detalla que los únicos que tienen jurisdicción para poder poner en práctica la justicia indígena son las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
El 9 de febrero de 2023, en la comunidad de Toacaso, en la provincia de Cotopaxi, dos presuntos sicarios fueron golpeados, rociados con gasolina y linchados.
Según información del Gobierno Autónomo Descentralizado de Toacaso, en esta parroquia viven cerca de 8.000 habitantes, la mayoría, indígenas del pueblo Panzaleo.
Tras el linchamiento de dos hombres, en redes sociales se justificó el hecho bajo el concepto de ‘justicia indígena’. La teoría se reforzó, con las declaraciones de la Policía Nacional que señaló que al llegar al sitio – previo al asesinato– observaron cerca de 350 personas indígenas y que una de ellas se acercó a decirles que no necesitaban asistencia policial. Es decir, los uniformados no detuvieron el hecho.
¿Es justicia indígena?
El abogado y docente universitario, Raúl Ilaquiche, señala que lo ocurrido en Toacaso no responde a un proceso de justicia indígena y explica que para que se cumpla este ejercicio de la jurisdicción indígena deben cumplirse cinco pasos.
Ilaquiche dice que en el caso de los ocurrido en Toacaso, las autoridades no actuaron, ni resolvieron nada. Tampoco las comunidades del lugar – hay cerca de 35– no han sido partícipes. “No hubo ningún procedimiento de justicia indígena que tiene cinco pasos importantes que deben demostrar para que se hable de justicia indígena”.
1 Conocimiento del hecho antes las autoridades indígenas
2 Investigación del hecho
3 El careo, que es la parte medular y donde los habitantes de la comuna resuelven el caso. Aquí se realiza una Asamblea en la que todos participan: dirigentes, habitantes.
4 La Asamblea verifica que hay responsables y adoptan resoluciones: reparación integral, indemnización o castigo.
5 Ejecución de la resolución.
Dependiendo de la gravedad del caso hay situaciones que se pueden resolver en un día. Aunque hay precedentes de casos como el de La Cocha, en Zumbahua (Cotopaxi), en el que 40 delegados de La parroquia y cerca de 20 comunidades aplicaron justicia indígena contra un hombre culpado de asesinato.
En este caso – recuerda Ilaquiche– la resolución tardó casi un mes en llegar. Además, este hecho suscitado en 2010 fue mediático porque el Gobierno y la Fiscalía solicitaron a la comunidad no imponer castigos físicos.
Sin embargo, bajo el amparo constitucional, el asesino recibió azotes con ortiga y baños de agua helada. También fue expulsado de Zumbahua durante cinco años y su familia debió pagar una indemnización de $1.750.
Ilaquiche señala que los castigos responden a una visión filosófica de cada pueblo. Por ejemplo, el agua se usa a manera de purificación, mientras que el latigazo simboliza el despojar al infractor de las malas energías.
¿Avala la pena de muerte?
Sobre los límites de la justicia indígena, Ilaquiche detalla que no existe la pena de muerte ya que no puede contraponerse a otras normas constitucionales como el derecho a la vida.
El abogado y catedrático explica que inclusive, quien no esté de acuerdo con la sentencia recibida a través de justicia indígena, puede apelar ante la Corte Constitucional en un plazo de 10 días desde que se resolvió el caso. (AVV)
La justicia por mano propia no está reconocida en el país y tiene consecuencias penales para quienes la aplican.
“Lo de Toacaso es un acto de muchedumbre, no es justicia indígena”, Raúl Ilaquiche, abogado y docente universitario.
Ecuador, con 18 millones de habitantes en su mayoría mestizos, cuenta con 14 nacionalidades indígenas.