Castigar a un presunto delincuente tiene agravantes que aumentan la pena al agresor.
Los linchamientos que se han registrado en los últimos días preocupan a expertos del derecho, quienes advierten que los ciudadanos que toman la justicia en sus manos pueden perder su libertad.
Este noviembre de 2022, en Quito, un hombre y una mujer – de aproximadamente 30 años– fueron golpeados por personas que se encontraban en las calles Jorge Juan y pasaje San Gabriel (sector norte).
Los dos agredidos poseían un arma de fuego y se movilizaban en una moto que fue quemada por los vecinos quienes aseguraron a la Policía que actuaron para castigar a quienes robaron y amedrentaron a una joven.
Fue desde una terraza que un hombre les lanzó una maceta que hizo que perdieran el equilibrio, cayeran de la moto y fueran linchados hasta que llegó la Policía.
Más al norte, en Cotocollao, un video registra el momento en el que dos hombres en una moto roban a un joven. Cuando intentan huir, un carro los embiste, hace que caigan de la moto y, desde otro carro, bajan cinco personas y golpean a los presuntos delincuentes.
En lo que va de 2022, en Ecuador se han registrado un total de 37.000 robos, de los cuales, 15.000 son a personas. En el año 2021, la Fiscalía General del Estado cerró el conteo con 62.525 robos y, en 2020, fueron 49.049 .
La ola de inseguridad, principalmente de asaltos que se cometen a cualquier hora del día, ha provocado un hartazgo en la ciudadanía, que ahora amenaza con “hacer justicia por mano propia”.
En letreros de barrios y en distintas provincias se pueden leer mensajes como “Barrio organizado. Ladrón encontrado será linchado”.
Los riesgos
Impartir ‘justicia’ por mano propia puede costarle la libertad a la ciudadanía que, al atacar a los antisociales, puede provocarles daños, lesiones o hasta la muerte.
El abogado, George Almeida, señala que, en casos de justicia por mano propia, la Fiscalía no juzga en base a las razones “que motivaron el ajusticiamiento”, sino el hecho y el desenlace. Es decir, si un grupo de personas mata a golpes a alguien, se les procesa por el delito de asesinato.
De hecho, el ajusticiar a un presunto delincuente es un agravante. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 47, cometer la infracción con ensañamiento en contra de la víctima, aumenta la pena de asesinato.
Uno de los casos más sonados de ajusticiamiento ocurrió en 2018, en Posorja (Guayas). Dos hombres y una mujer fueron asesinados por pobladores de la parroquia rural, tras acusarlos de haber secuestrado, supuestamente, a niños del sector.
Los cuerpos fueron incinerados públicamente en frente de otros pobladores, junto a un taxi, un patrullero y cinco motos. Los moradores también causaron daños a un destacamento de la Policía.
Actualmente, siete de los participantes en el hecho tienen una condena de 34 años de cárcel, por asesinato más agravantes. Y es que el delito de secuestro salió de un rumor de la población y no fue comprobado. Los ajusticiados habían sido atrapados por ser estafadores. (AVV)
Desconfianza al sistema judicial
Según la antropóloga, Adriana Merizalde, a escala nacional hay desconfianza en el sistema de justicia.
“El descontento existe cuando en el país se nota la selectividad penal. Es decir, que se da celeridad a casos que son de peso político, pero no a aquel que el ciudadano siente que le afecta más. Sin justificar la corrupción, que es parte de la inseguridad en la que vivimos, el ciudadano de a pie no siente que su caso tenga el mismo peso que otros donde está involucrada gente con poder”, explica.
El peligro de una sociedad que no confía en la Justicia y quiere ejercerla por su cuenta – señala Merizalde– es que se normaliza la violencia.
“Hay que tener cuidado, porque mientras menos justicia estatal exista, más empoderada se va a sentir la ciudadanía de matar a quien cree ha cometido un delito. ¿Qué pasa cuando alguien es acusado injustamente? El ciudadano enardecido, lo último que piensa es en la presunción de inocencia, porque ese es un rol que le compete a entidades como la Fiscalía, los jueces, la Policía”, destaca.
Ante esto, Merizalde advierte que es populista e inviable hablar de armar a la ciudadanía. “No podemos volvernos sociedades violentas, porque eso nos vuelve menos tolerantes y respetuosos del derecho ajeno”.
Los linchamientos que terminan en muerte tienen una pena de 22 a 26 años. Cuando hay agravantes, la pena puede pasar los 30 años.
Generar lesiones también está tipificado y significa una pena de 30 días hasta 5 años de cárcel.