Miguel Ángel Jiménez Cedillo falleció esperando que se le concediera un habeas corpus. Esta es la crónica de cómo opera la (in)justicia.
Miguel Ángel Jiménez y el exvicepresidente Jorge Glas compartían una misma situación. Estaban en la cárcel, tenían reportes de complicaciones en su salud y un tercero pidió por ellos un habeas corpus.
Como diferencias se puede destacar que el primero no tenía familiares ni un partido político que lo respaldara. Tampoco fue sentenciado. El segundo tenía dos sentencias ejecutoriadas y a todo el correísmo esperándolo para salir en una caravana motorizada. Y recibió la boleta de excarcelación en menos de 20 horas.
Miguel Ángel, de quien nadie habla, murió esperando el trámite. Zoila Mujica, quien lo acompañó en sus últimos momentos, tiene grabada la melancólica y enferma voz con la que le decía: “Sáquenme de aquí”.
Los hechos
El 12 de enero de 2022, en el cantón La Libertad (provincia de Santa Elena), ocho personas fueron aprehendidas en delito flagrante. El caso de asociación ilícita se registró en el proceso 24281-2022-00040 que se sigue en la Fiscalía. Los acusados estaban involucrados en cobros del Bono de Desarrollo Humano con documentos falsificados. En el operativo se incautaron 2 mil dólares. Dos de los ocho procesados recibieron medidas cautelares y el resto fue a prisión preventiva.
En un delito flagrante el proceso judicial es directo. La audiencia y la sentencia debían darse en un plazo máximo de 20 días, pero eso no ocurrió. Los abogados de cinco de los seis detenidos lograron que se dictaran medidas sustitutivas a la prisión preventiva y que sus clientes se presentaran cada semana ante un juez. Solo Miguel Ángel Jiménez, quien no tuvo defensa, quedó olvidado en la Penitenciaría del Litoral.
La jueza que llevó la causa lo mantuvo en prisión preventiva. Alegó que no tenía arraigo, es decir que no tenía trabajo, dinero, familia o cuentas bancarias y que podía incurrir en “fuga”.
La sentencia No 8/20 de la Corte Constitucional del 16 de marzo de 2020 dice que “el famoso y popular arraigo es una práctica procesal generalizada y perversa en el Ecuador”. Sin embargo, hay abogados y jueces que lo siguen utilizando.
Cuando llamaron a todos los implicados a una nueva audiencia, el abogado de dos integrantes de esta red delincuencial se dio cuenta que Miguel Ángel Jiménez, de 64 años, no llegó. Zoila Mujica, madre de uno de los acusados se conmovió y comenzó a buscarlo.
“Nadie sabía dónde estaba el viejito, nadie me daba razón de él”, recuerda con voz entrecortada la educadora, quien le pidió a un policía de la Regional Guayas que le ayudara a buscarlo. Ella conocía al uniformado, porque es el padre de uno de sus alumnos.
Nadie supo nada.
Francia Douret, abogada de otro de los acusados, confesó que pensaron lo peor, hasta que el SNAI informó que estaba en el Hospital del Guasmo Sur, con gangrena en el escroto. A pesar de eso, lo acusaron de no asistir y le mantuvieron la prisión preventiva. Ya era febrero.
“Al fin te encontré, viejito” le dijo Zoila al verlo, el 26 de marzo de 2022, en la cama del hospital. Ella esperó dos horas y convenció a una enfermera para que le permitiera ingresar a la habitación en la que el reo estaba aislado y postrado. Además de la gangrena, contrajo un virus altamente mortal conocido como pseudomona. También presentaba cuadros de ansiedad y estrés.
“Ya te puse un abogado”, le dijo Zoila y él sonrió mientras intentaba comer un plato de comida que estaba fría. Cubierto apenas con una bata le decía: “Sáquenme de aquí”.
Zoila prometió visitarlo todos los días, pero ya no la dejaron pasar, pues no era su familiar.
Llegó tarde
Nino Casanello, abogado de su hijo, llevó el caso. “Ella me contó el caso y fue desesperante. Nos unimos con un grupo de abogados”. Junto con Francia Douret, Diego Tapia y María José Molineros decidieron que la mejor opción era pedir un habeas corpus.
La medida se presentó el 24 de marzo de 2022. Ellos esperaban que esta acción se resolviera en 24 horas, tal como se establece en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.
Transcurrieron seis días y la acción llegó incompleta. Hubo dos suspensiones de audiencias y una fue porque “el procesado no estaba”. El 5 de abril, finalmente se emitió la boleta de excarcelación.
Zoila recibió la noticia por WhatsApp y salió a comprar ropa para su amigo. Corrió al hospital y tras una larga e infructuosa búsqueda se enteró que había muerto tres días antes. “Me desarmé. Me senté afuera del Hospital a llorar. No podía parar. Pregunté por el cuerpo. Nadie me dio razón. Llamé a la abogada y le conté”.
Una semana después de esta muerte, a 324 kilómetros de distancia, en Cotopaxi, Jorge Glas se despedía de la cárcel de Latacunga, con un terno azul, una camisa blanca inmaculada, gafas azules rectangulares, un arete en el lóbulo izquierdo, el semblante sano, el cabello domado por abundante gel y un poco más robusto que en las fotos de su entrada.
Abuso de la prisión preventiva
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación carcelaria del país, publicado en marzo de 2022, advierte que en Ecuador se abusa de la prisión preventiva. Eso hace que el 39% de la población carcelaria permanezca encerrada sin sentencia, causando altos índices de hacinamiento como del 124% en la Penitenciaría del Litoral.
«Se salva el que tiene plata»
“La Justicia va acorde a las leyes del mercado, se mide por el nivel económico, se salva el que tiene plata”, asevera Bianca Gavilánez, directora de la fundación Dignidad, una organización que auspicia casos de presos que no tienen recursos económicos y se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Gavilánez explica que casos como el de Miguel Ángel Jiménez se viven a diario. Cita como ejemplo el de una anciana de 83 años que se moviliza en silla de ruedas. Ella estaba internada en la cárcel de Cotopaxi. “Se le negó el habeas corpus porque, según la jueza, la Constitución dice que el mejor lugar de un preso es la prisión”.
A otra mujer con problemas mentales solo le concedieron un habeas corpus parcial y debe seguir en prisión.
El único habeas corpus concedido en lo que va de este 2022 fue para una persona con VIH que sufría malos tratos en el centro penitenciario, no tenía acceso a medicinas. El detalle es que estuvo tres años en la cárcel, sin sentencia.
Gavilánez confirma que en todos los casos el tratamiento de la medida duró semanas.
En este 2022 la fundación ha ingresado 13 solicitudes de habeas corpus, pero la Justicia solo aceptó una. (GVL)